Economistas recomiendan postergar la compra de vehículos debido a que los precios y las tasas de interés aún deben ajustarse. La mayor competencia por importaciones y futuras bajas impositivas sugieren que esperar permitirá obtener mejores valores y condiciones de financiación.
A pesar del notable repunte en los patentamientos registrado durante el ciclo anterior, especialistas en finanzas sugieren que el sector de movilidad en Argentina aún no ha tocado su piso de precios. La reactivación de 2025, que alcanzó niveles no vistos desde hace siete años, respondió principalmente a una necesidad acumulada tras largos periodos de restricciones, pero no refleja un equilibrio real de mercado. Según los analistas, nos encontramos en una fase de estabilización donde la convergencia de valores y la mejora en las opciones de crédito aún tienen un recorrido favorable para el bolsillo del comprador.
Uno de los pilares que sostiene la teoría de la baja de precios es la mayor apertura a las importaciones y la llegada de nuevos fabricantes al país. Esta diversificación de la oferta obliga a las terminales locales a ajustar sus márgenes de ganancia para mantenerse competitivas. Por otro lado, la reducción de los gravámenes internos que afectaban a las unidades de gama media y alta ya ha provocado descensos en los listados oficiales, y se prevé que nuevas actualizaciones impositivas programadas para el próximo año profundicen este abaratamiento en los modelos más costosos.
El segmento de vehículos de segunda mano presenta actualmente una distorsión: la diferencia de valor con los modelos a estrenar es inusualmente estrecha. Históricamente, el mercado del usado tarda más en reaccionar a las bajas de los cero kilómetros, por lo que se espera que en el corto plazo se produzca un reajuste descendente en los precios de los particulares. Asimismo, los economistas advierten que las tasas de interés para préstamos prendarios siguen siendo elevadas en comparación con la desaceleración de la inflación, lo que sugiere que esperar unos meses podría garantizar un financiamiento mucho más accesible y económico.
El anestesista Mauricio Atencio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de un niño en Río Negro. El tribunal lo inhabilitó por siete años tras probar que se distrajo con el celular durante la cirugía.
Telefónica vendió su filial chilena a NJJ y Millicom por más de 1.150 millones de euros, acelerando su salida de Sudamérica. La operadora busca reducir deuda y concentrar recursos en sus mercados estratégicos de Europa y Brasil tras abandonar varios países
Archivos revelados exponen la obsesión de Jeffrey Epstein por la eugenesia y la edición genética. El financista costeó estudios para secuenciar su ADN y promovió teorías racistas sobre la mejora humana, buscando influir en científicos para crear “bebés de diseño”.
El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, probó personalmente un nuevo guante de descarga eléctrica para la policía. Tras experimentar el impacto, calificó la potencia del dispositivo como insoportable, destacando la efectividad de esta tecnología no letal para inmovilizar delincuentes.
Mark Zuckerberg y Priscilla Chan planean adquirir una mansión en la exclusiva isla de Indian Creek, Miami. El traslado del fundador de Meta se suma al de otros magnates que abandonan California para evitar nuevos impuestos estatales sobre sus fortunas.
El Gobierno nacional unificó las delegaciones argentinas ante Bélgica y la Unión Europea mediante un decreto oficial. Fernando Iglesias encabezará esta sede única en Bruselas con el objetivo de recortar gastos operativos y optimizar la representación diplomática en el bloque.
Gemini said El gasto público cayó al 14,5% del PBI en 2025, alcanzando su punto más bajo en una década. El ajuste se centró en obra pública, subsidios y planes sociales, aunque para 2026 se proyecta una nueva contracción del presupuesto estatal.
Gobiernos locales y propietarios privados en Estados Unidos bloquean los intentos del ICE por convertir almacenes en prisiones migratorias. Pese al presupuesto federal, la resistencia legal en varios estados y las protestas ciudadanas dificultan la logística del plan de deportaciones.
