Trabajadores del Indec protestan contra la suspensión del nuevo IPC, decidida por el Gobierno para enero. Mientras la Sociedad Argentina de Estadística advierte sobre la pérdida de credibilidad institucional, gremialistas presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad e interferencia política.
El clima en el Instituto Nacional de Estadística y Censos se ha enrarecido ante la decisión del Poder Ejecutivo de suspender por tiempo indeterminado el lanzamiento de la actualización del IPC. En respuesta, los delegados de ATE convocaron a una protesta frente a la sede central del organismo, minutos antes de que se difundan los datos de inflación de enero procesados con la metodología antigua. La medida gremial, denominada “radio abierta”, busca denunciar lo que consideran una intromisión política sobre la autonomía técnica del ente, despertando comparaciones con épocas de intervención pasada en la medición de precios.
La negativa del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo a implementar el nuevo termómetro inflacionario —que ya había sido anunciado y presupuestado— derivó en la salida de Marco Lavagna y la asunción de Pedro Lines como director. Aunque Lines goza de prestigio profesional, su silencio ante las presiones gubernamentales genera incertidumbre, especialmente mientras una misión del Fondo Monetario Internacional supervisa las cuentas locales. Desde el seno del instituto, los especialistas advierten que el perjuicio a la reputación estadística ya es una realidad que afectará tanto a inversores como a ciudadanos que dependen de datos fiables para sus contratos y salarios.
La Sociedad Argentina de Estadística (SAE) emitió un duro comunicado expresando su inquietud por el mantenimiento de una estructura de gastos basada en encuestas de hace dos décadas, ignorando el trabajo técnico realizado durante años para modernizar el indicador. Para los expertos de la SAE, esta interferencia vulnera el derecho al acceso a la información pública y la transparencia estatal. El conflicto ya escaló al plano judicial con una denuncia penal presentada por dirigentes de ATE Neuquén, quienes acusan a las autoridades de abuso de funciones y violación de la fe pública al postergar una metodología que consideran más precisa para los acuerdos paritarios.
El anestesista Mauricio Atencio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de un niño en Río Negro. El tribunal lo inhabilitó por siete años tras probar que se distrajo con el celular durante la cirugía.
Telefónica vendió su filial chilena a NJJ y Millicom por más de 1.150 millones de euros, acelerando su salida de Sudamérica. La operadora busca reducir deuda y concentrar recursos en sus mercados estratégicos de Europa y Brasil tras abandonar varios países
Archivos revelados exponen la obsesión de Jeffrey Epstein por la eugenesia y la edición genética. El financista costeó estudios para secuenciar su ADN y promovió teorías racistas sobre la mejora humana, buscando influir en científicos para crear “bebés de diseño”.
El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, probó personalmente un nuevo guante de descarga eléctrica para la policía. Tras experimentar el impacto, calificó la potencia del dispositivo como insoportable, destacando la efectividad de esta tecnología no letal para inmovilizar delincuentes.
Mark Zuckerberg y Priscilla Chan planean adquirir una mansión en la exclusiva isla de Indian Creek, Miami. El traslado del fundador de Meta se suma al de otros magnates que abandonan California para evitar nuevos impuestos estatales sobre sus fortunas.
El Gobierno nacional unificó las delegaciones argentinas ante Bélgica y la Unión Europea mediante un decreto oficial. Fernando Iglesias encabezará esta sede única en Bruselas con el objetivo de recortar gastos operativos y optimizar la representación diplomática en el bloque.
Gemini said El gasto público cayó al 14,5% del PBI en 2025, alcanzando su punto más bajo en una década. El ajuste se centró en obra pública, subsidios y planes sociales, aunque para 2026 se proyecta una nueva contracción del presupuesto estatal.
Gobiernos locales y propietarios privados en Estados Unidos bloquean los intentos del ICE por convertir almacenes en prisiones migratorias. Pese al presupuesto federal, la resistencia legal en varios estados y las protestas ciudadanas dificultan la logística del plan de deportaciones.
