La reforma laboral en debate reduce los plazos de licencia paga y recorta los salarios por enfermedad o accidentes ajenos al trabajo. Los empleados percibirán entre el 50% y 75% de sus haberes, según la voluntariedad del riesgo asumido.
La reforma laboral en debate reduce los plazos de licencia paga y recorta los salarios por enfermedad o accidentes ajenos al trabajo. Los empleados percibirán entre el 50% y 75% de sus haberes, según la voluntariedad del riesgo asumido.
El debate de la reforma laboral en la Cámara Alta ha puesto el foco en una de las modificaciones más polémicas: la reconfiguración del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El nuevo articulado propone un cambio de paradigma en la protección del empleado ante incidentes o dolencias que no guardan relación con sus tareas laborales. A diferencia del sistema vigente, el proyecto oficial establece reducciones en los haberes percibidos durante el periodo de inactividad, vinculando el monto del salario a la naturaleza de la actividad que originó el problema de salud.
La normativa introduce una distinción inédita basada en la “voluntariedad” del riesgo. Si un trabajador padece una afección derivada de una acción consciente que ponga en peligro su integridad —como podría ser una lesión practicando un deporte recreativo—, su remuneración se verá reducida a la mitad del sueldo básico. Por el contrario, si el infortunio ocurre de manera fortuita y sin mediar una exposición deliberada al peligro, el beneficio salarial se fijará en un 75%. Esta medida rompe con el esquema actual, donde el trabajador percibe la totalidad de sus ingresos sin importar las circunstancias del accidente inculpable.
Otro eje central de la reforma es el recorte en la duración de las licencias pagas. El esquema propuesto elimina los plazos extensos de hasta un año que rigen actualmente para empleados con mayor antigüedad. En su lugar, se establece un máximo de tres meses para quienes no tengan familiares a cargo y se extiende hasta los seis meses para aquellos que sí posean cargas legales. Esta simplificación del cronograma de beneficios busca, según el espíritu de la ley, aliviar los costos operativos de las empresas, trasladando parte de la contingencia económica al propio trabajador.
El proyecto también endurece los requisitos formales para validar las ausencias. Se vuelve obligatorio el aviso inmediato al empleador detallando el paradero del trabajador, bajo riesgo de perder el derecho al cobro. Asimismo, los certificados médicos deberán contar con firma digital y diagnósticos precisos. En situaciones donde existan contradicciones entre el médico particular y el control patronal, se prevé la intervención de juntas médicas oficiales o institutos privados de alta trayectoria, cuyos costos deberán ser cubiertos por la parte empleadora.
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