Morales Solá advierte que el rebote inflacionario y el procesamiento de Diego Spagnuolo por coimas en la Andis erosionan el capital de Milei. El caso salpica a “Lule” Menem, mientras el Gobierno negocia vacantes en la Corte prescindiendo de Cristina Kirchner.
El prestigioso editorialista, Joaquín Morales Solá, analiza el complejo inicio de febrero para el gobierno de Javier Milei, marcado por dos frentes críticos: el rebote inflacionario y el avance de causas por corrupción que rozan el entorno presidencial. El autor destaca que la nostalgia por un enero financieramente calmo se desvanece ante un Indec que marcó una inflación cercana al 3%, cifra que erosiona el capital político más importante del mandatario. Morales Solá advierte que la sociedad percibe una suba de precios superior a la oficial, lo que obliga a Milei a “dar vuelta cuanto antes la tendencia inflacionaria” para no perder el apoyo de la clase media.
En el plano judicial, el editorialista pone el foco en el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis y persona del círculo íntimo de Olivos. La investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi revela un esquema de pedidos de sobornos a proveedores farmacéuticos (como la droguería Suizo Argentina).
El punto más sensible es la mención de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, en audios donde Spagnuolo lo señalaba como destinatario de las coimas. Aunque Spagnuolo alegó que los audios fueron creados con inteligencia artificial, peritajes privados confirmaron su veracidad. El autor cita textualmente la gravedad del asunto:
“¿Estaban cobrando sobornos por la atención de los discapacitados? Mayor insensibilidad es imposible.”
Finalmente, Morales Solá revela movimientos en el Senado para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema. Tras el triunfo electoral de octubre, el oficialismo busca prescindir de un acuerdo con Cristina Kirchner. La estrategia actual consistiría en pedir a los gobernadores peronistas una terna de candidatos prestigiosos (menores de 60 años) para que Milei elija a uno, mientras el Ejecutivo se reserva la designación del segundo magistrado. El objetivo es evitar candidatos cuestionados como Ariel Lijo o perfiles excesivamente ligados a Ricardo Lorenzetti, como Javier Leal de Ibarra.
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