La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunto incumplimiento de deberes durante las protestas en el Congreso. La justicia investiga por qué las fuerzas no detuvieron en flagrancia a un grupo violento que arrojó bombas molotov frente a las cámaras.
La gestión de Alejandra Monteoliva frente a la cartera de Seguridad quedó bajo la lupa judicial tras una presentación penal que cuestiona el desempeño de las fuerzas federales durante las recientes movilizaciones por la reforma laboral. La denuncia, radicada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, insta a los tribunales a determinar si existió una omisión deliberada de funciones por parte de la funcionaria y de la cúpula operativa. El eje del reclamo se centra en la curiosa libertad de acción de la que gozó una célula de siete individuos encapuchados que, según registros fílmicos, atacaron las vallas de contención con artefactos explosivos caseros sin ser interceptados por el masivo dispositivo de seguridad presente en la zona.
El escrito judicial enfatiza que, a pesar de estar plenamente identificados por drones y sistemas de vigilancia en tiempo real, los agresores no fueron arrestados en flagrancia, mientras que el accionar represivo se dirigió hacia manifestantes ajenos a esos incidentes. El denunciante califica como “sospechosa” la trayectoria de los gases lacrimógenos y los camiones hidrantes, que habrían evitado impactar sobre el foco de violencia, permitiendo que los sospechosos se retiraran del lugar sin contratiempos. Como parte de la instrucción, se ha solicitado el peritaje de las grabaciones del comando unificado y el listado de jerarquías a cargo de las divisiones de Prefectura, Gendarmería y Policía que intervinieron en la plaza, buscando esclarecer si hubo una orden explícita de no proceder contra el grupo violento.
Donald Trump evalúa reducir aranceles al acero y aluminio ante el alza en el costo de vida y su baja aprobación. La Casa Blanca busca aliviar los precios al consumidor sustituyendo gravámenes masivos por investigaciones específicas de seguridad nacional.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud estadounidense, confesó su pasado con las drogas para justificar su escepticismo ante el coronavirus. El funcionario priorizó asistir a terapias de adicciones durante la pandemia, desafiando el consenso científico desde su rol oficial.
Honda invertirá más de u$s 24 millones para fabricar cuatriciclos en Campana, apuntando al sector agropecuario con el modelo TRX420FM. El proyecto generará empleo y prevé producir 10.000 unidades anuales, mientras la firma alcanza récords históricos en su división de motocicletas.
El régimen iraní arrestó a figuras reformistas clave para evitar una posible transición política interna. Al acusarlos de sedición y vínculos con Occidente, la cúpula liderada por Jameneí elimina las voces moderadas, consolidando un gobierno estrictamente securitario frente a las protestas.
La canadiense Saputo vendió el 80% de su filial argentina al Grupo Gloria por u$s 500 millones. El holding peruano asume el control de La Paulina y Molfino, consolidando su liderazgo regional mientras la firma norteamericana busca optimizar su flexibilidad financiera.
Carlos Melconian advirtió que la reforma laboral fracasará sin crecimiento económico que rompa el estancamiento. Señaló que el debate es obsoleto, pues la alta informalidad y el desinterés juvenil por el empleo registrado anulan el impacto de la ley.
Daniel Angelici emerge como el mediador estratégico entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad, facilitando el traspaso de la justicia laboral. Su rol es clave para asegurar la gobernabilidad porteña y tejer acuerdos electorales hacia el 2027.
La justicia británica anuló la designación de Acción Palestina como grupo terrorista por considerarla una restricción ilegal a las libertades civiles. El fallo determina que equiparar el activismo contra empresas de defensa con el yihadismo vulnera desproporcionadamente el derecho a protesta.
