La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó este viernes los recursos de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó firmes las restricciones a su prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, en Monserrat. Confirmó el uso obligatorio de tobillera electrónica, límites estrictos a las visitas …
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condiciones de detención domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner en su residencia de la calle San José al 1100. Con un fallo de 131 páginas, los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña desestimaron los planteos de la defensa que buscaban eliminar el uso del monitoreo electrónico y ampliar el tiempo de permanencia en la terraza del edificio.
El tribunal fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar un control efectivo de la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Según la resolución, las restricciones no representan un agravamiento ilegítimo de la condena, sino que se ajustan a las facultades de supervisión que otorga la Ley 24.660 para modalidades de detención fuera de los establecimientos penitenciarios.
Uno de los puntos centrales del debate jurídico fue el endurecimiento del régimen de ingresos al domicilio. El tribunal mantuvo la exigencia de autorizaciones judiciales previas, individuales y fundadas para cualquier persona ajena al núcleo familiar directo o al equipo profesional indispensable.
Esta medida se consolidó tras un episodio ocurrido el 17 de noviembre de 2025, cuando la ex mandataria recibió a nueve economistas simultáneamente, hecho que fue difundido en redes sociales.
La justicia determinó que los encuentros podrán realizarse un máximo de dos veces por semana, con una duración de hasta dos horas y un límite de tres personas por vez. Para la mayoría de los jueces, flexibilizar estas pautas en función de la notoriedad pública o la gravitación política de la condenada comprometería la legitimidad del sistema y vulneraría el principio de igualdad ante la ley.
Respecto a la tobillera electrónica, la Casación reafirmó que su utilización es la regla general en los casos de prisión domiciliaria a partir de la reforma de la ley 27.375.
Los magistrados aclararon que la custodia policial permanente que posee la ex jefa de Estado por su cargo institucional tiene finalidades de seguridad y no sustituye el control judicial que ejerce el sistema de monitoreo.
Asimismo, se mantuvo el criterio de dos horas diarias para acceder a la terraza, único espacio al aire libre disponible en el inmueble del barrio de Monserrat. Sobre este punto, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, al considerar que el régimen de autorizaciones individuales resulta excesivamente restrictivo en comparación con el sistema carcelario común y que el acceso al aire libre es una necesidad para resguardar la salud de la interna.
El juez Hornos subrayó en su voto que la prisión domiciliaria es una modalidad excepcional de cumplimiento y no una situación equiparable a la libertad plena. Sostuvo que, en casos de corrupción de gravedad institucional, la pena debe reafirmar ante la comunidad la vigencia de la norma vulnerada.
De esta manera, el fallo ratificó que el cumplimiento efectivo y controlado de la condena constituye un mensaje público que no debe diluirse mediante flexibilizaciones que el tribunal consideró carentes de fundamento técnico.
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