La justicia británica anuló la designación de Acción Palestina como grupo terrorista por considerarla una restricción ilegal a las libertades civiles. El fallo determina que equiparar el activismo contra empresas de defensa con el yihadismo vulnera desproporcionadamente el derecho a protesta.
En una resolución de gran impacto para el derecho a la manifestación en el Reino Unido, la justicia británica determinó que la decisión del Ejecutivo de catalogar a “Acción Palestina” como una entidad terrorista carece de validez legal. El fallo responde a un recurso interpuesto por el liderazgo de la organización, que cuestionó la legitimidad de una medida que situaba a sus integrantes en el mismo escalafón jurídico que células yihadistas internacionales.
La proscripción, implementada a mediados del año pasado, buscaba frenar la actividad de este grupo, conocido por sabotear infraestructuras de compañías armamentísticas que suministran equipos a Israel. Tras el análisis del caso, los magistrados concluyeron que equiparar estas acciones de protesta directa con el terrorismo representaba una transgresión desmedida a las libertades civiles fundamentales. La sentencia subraya que el castigo penal de hasta 14 años de cárcel por pertenecer al colectivo vulneraba desproporcionadamente los derechos de reunión y expresión protegidos por la normativa vigente.
A pesar de la contundencia del veredicto dictado por la magistrada Victoria Sharp, la prohibición no se disolverá de forma inmediata. La corte ha dispuesto un periodo de transición para que las autoridades del Ministerio del Interior y la defensa definan los pasos a seguir ante una probable apelación gubernamental. Mientras tanto, el debate sobre el límite entre el activismo radical y la seguridad nacional permanece en el centro de la escena política británica, especialmente en el contexto del actual conflicto en Oriente Próximo.
Un ataque armado en la Universidad Estatal de Carolina del Sur dejó dos muertos y un herido en una zona residencial. El campus fue cerrado y las clases se suspendieron mientras la policía investiga este nuevo episodio de violencia estudiantil.
El Gobierno apeló ante la Corte Suprema el fallo que ordenó devolver provisoriamente la pensión por viudez a Cristina Kirchner. Capital Humano busca revertir la medida, argumentando que la condena judicial de la expresidenta justifica la quita de sus beneficios previsionales.
La justicia cubana dictó prisión preventiva para los creadores de El4tico, acusándolos de propaganda inconstitucional. El arresto de Kamil Zayas y Ernesto Medina generó el repudio de organismos internacionales, quienes denuncian una escalada represiva contra la libertad de expresión digital.
El tribunal de La Plata fijó para noviembre de 2026 el juicio contra Felicitas Alvite por la muerte de Walter Armand. Se debatirá si la joven actuó con dolo eventual al correr una picada ilegal y cruzar semáforos en rojo.
El príncipe Enrique y Meghan Markle respaldaron en Los Ángeles a familias que demandan a Meta y Google por daños a la salud mental juvenil. El juicio, que citó a Mark Zuckerberg, busca justicia por muertes vinculadas a la adicción digital.
Fiscales denunciaron que el juez Luis Armella recortó arbitrariamente el peritaje contra Martín Insaurralde, excluyendo a su exesposa e hijos de la auditoría. La medida es señalada como una maniobra para beneficiar al exfuncionario en la causa por enriquecimiento ilícito.
Taylor Swift impugnó ante la oficina de patentes el eslogan “Swift Home” de una firma textil, alegando que busca confundir a los consumidores. Su equipo legal denuncia que la marca imita su firma registrada para crear una falsa asociación comercial.
La FEB rechazó la propuesta salarial de Axel Kicillof y anunció un paro para el 2 de marzo, amenazando el inicio de clases. Es la primera medida de fuerza de este tipo en su gestión, quebrando años de acuerdos paritarios ininterrumpidos.
