La senadora nacional Juliana di Tullio (PJ) decidió elevar la temperatura política del verano 2026 al anunciar que denunciará formalmente en los tribunales federales de Comodoro Py al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y a su esposa, María Josefina Rouillet.
La medida surge tras la difusión de un contrato que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución que comanda Rouillet, por un monto de $114.044.133.
En declaraciones exclusivas a la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora confirmó que su presentación se concretará en los próximos días hábiles.
Di Tullio fundamenta su denuncia, realizada desde su lugar de funcionaria pública, al considerar que la contratación de la entidad para prestar capacitaciones en idioma inglés al personal de la Cancillería —conducida por Pablo Quirno— reviste un carácter “irregular”.
Los detalles del polémico expediente
La adjudicación se tramitó bajo la modalidad de “adjudicación simple por especialidad”. Debido al vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger, el proceso administrativo activó el procedimiento de integridad establecido en el decreto 202/2017.
Esto implicó la intervención de organismos de control como la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar la transparencia de la operación.
Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor fricción en la denuncia es el origen de la oferta. Según consta en los documentos oficiales del expediente, la propuesta técnica y económica presentada por la AACI ante el Ministerio fue preparada por la propia esposa del ministro Sturzenegger.
Un contrato bajo la lupa judicial
La adjudicación quedó plasmada en la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, vinculada al expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE. Los registros del sistema COMPR.AR detallan las siguientes condiciones:
Monto total: $114.044.133.
Duración: Nueve meses de vigencia.
Prórroga: El contrato cuenta con una opción de extensión por un período igual al original.
El caso, que tomó estado público a través de la Agencia Noticias Argentinas, promete abrir un nuevo frente de conflicto judicial para el oficialismo, mientras la senadora Di Tullio busca que la justicia federal determine si la transparencia del decreto 202/2017 fue suficiente o si se incurrió en delitos contra la administración pública.