El fútbol argentino enfrenta una de sus crisis institucionales más graves fuera del campo de juego. Este jueves, el juez en lo penal económico Diego Amarante dictó una resolución contundente: citó a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, bajo la sospecha de haber retenido indebidamente aportes previsionales e impositivos por un monto total de $19.353.546.843,85.
La justicia investiga un esquema de 69 hechos independientes ocurridos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la denuncia de ARCA, la AFA —actuando como agente de retención— descontó de los sueldos y operaciones sumas correspondientes a IVA, Ganancias y seguridad social, pero nunca las depositó en las arcas del Estado. El magistrado advirtió sobre la “gravedad de los hechos” y la severidad de las penas en expectativa, que podrían llegar a los seis años de prisión.
Cronograma de citaciones y restricciones
Para asegurar la comparecencia de los imputados y evitar cualquier riesgo de fuga, el juez impuso la prohibición de salida del país a toda la plana mayor de la asociación. Las audiencias quedaron fijadas de la siguiente manera:
5 de marzo: Claudio Tapia.
6 de marzo: Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo.
9 de marzo: Víctor Blanco Rodríguez (Racing) y Cristian Malaspina (Argentinos Juniors).
La querella de ARCA, liderada por Andrés Vázquez, aportó pruebas que complican la defensa de los directivos. Según el organismo recaudador, la AFA contaba con la capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, registrando acreditaciones bancarias por más de $45.000 millones solo en diciembre de 2024 y manteniendo múltiples plazos fijos en pesos y dólares mientras omitía el pago de los impuestos retenidos.
El dolo bajo la lupa
La investigación sugiere que la maniobra no fue un error administrativo, sino una decisión deliberada que se extendió durante 19 meses consecutivos. Testimonios internos de la gerencia de administración señalaron que, si bien se confeccionaban las declaraciones juradas, la orden de pago final dependía directamente de la tesorería y la presidencia, quienes firmaron los balances anuales con pleno conocimiento de las deudas.
Mientras los abogados de la AFA intentan frenar el proceso mediante apelaciones ante la Cámara Nacional, la justicia avanza en lo que podría ser la primera vez que la actual conducción del fútbol argentino deba responder penalmente por su gestión tributaria. El caso marca un hito en el control fiscal sobre las grandes entidades deportivas del país, en un contexto de máxima tensión entre la Casa Rosada y el sillón de Viamonte.