La CGT confirmó que demandará al Estado si la reforma laboral es sancionada. El gremio sostiene que el proyecto es inconstitucional por vulnerar derechos adquiridos, limitar la huelga y permitir una transferencia económica masiva de los trabajadores hacia los empleadores.
Tras la reciente medida de fuerza nacional, la Confederación General del Trabajo ha definido su hoja de ruta ante el avance legislativo del oficialismo. Jorge Sola, referente de la entidad, sostuvo en una entrevista con Infobae que la organización recurrirá a las instancias judiciales si el Parlamento sanciona de forma definitiva el proyecto de flexibilización. La cúpula gremial fundamenta esta decisión en la presunta violación de preceptos constitucionales básicos, como la protección del empleo y la imposibilidad de que las leyes reduzcan estándares de bienestar social ya alcanzados por la población.
Para los líderes sindicales, el conflicto trasciende la discusión de puntos específicos; se trata de una oposición frontal a una visión política que, según denuncian, deshumaniza la producción. Argumentan que el actual plan económico posiciona al asalariado como una pieza reemplazable de la maquinaria industrial en lugar de reconocer su rol central en la sociedad. En este sentido, la dirigencia sostiene que las movilizaciones y huelgas son el único canal de expresión ante un Gobierno que ha clausurado las mesas de diálogo y concertación tripartita desde el inicio de su gestión.
La central obrera califica como engañosa la terminología de “modernización” utilizada por la Casa Rosada. Sostienen que la normativa no aborda desafíos futuros como la automatización, sino que se enfoca en desmantelar beneficios vigentes. Entre los aspectos más preocupantes para el sindicato figuran la erosión de las sumas indemnizatorias, las trabas para ejercer el derecho a la protesta y la instauración de sistemas de compensación horaria que otorgan al empleador el control total sobre el tiempo del personal, lo cual impactaría negativamente en la organización familiar y los ingresos reales de los trabajadores.
La batalla judicial se centrará en la doctrina de que los derechos sociales son progresivos y no pueden ser recortados por normativas posteriores. La organización gremial recalca que tratados internacionales con jerarquía constitucional impiden que un país retroceda en sus niveles de protección laboral. Ante este escenario, la CGT advierte que el alto acatamiento al último paro refleja un malestar que no se agotará en el Congreso, sino que se profundizará mediante amparos y recursos legales destinados a frenar lo que consideran una transferencia masiva de recursos desde el sector trabajador hacia el capital concentrado.
La Cámara alta sesionará jueves y viernes para convertir en ley los proyectos centrales de las extraordinarias, incluyendo la Ley de Glaciares.
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El diputado nacional cruzó con un gesto a la secretaria general de la Presidencia, según constató Noticias Argentinas.
