A medida que se acerca el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, la interna del Gobierno nacional ha tomado un rumbo de intransigencia. Según trascendió desde el círculo íntimo del presidente Javier Milei, la idea de no introducir cambios adicionales en el articulado ha ganado adeptos, desplazando las posturas que sugerían mayor flexibilidad para negociar con la oposición dialoguista. Esta posición de resistencia interna busca enviar un mensaje de firmeza a los mercados y al sector empresarial, bajo el argumento de que la “modernización” debe ser estructural y sin concesiones que diluyan su impacto.
Esta postura “intransigente” ha encendido las alarmas en las provincias. Varios mandatarios provinciales, que hasta hace días confiaban en un esquema de modificaciones (especialmente en el capítulo de Ganancias y aportes patronales), ven con preocupación el cierre de filas de la Casa Rosada. Aunque los gobernadores mantienen canales de diálogo abiertos con el ministro Diego Santilli, la desconfianza crece: temen que el Gobierno intente imponer una votación a “todo o nada” que los obligue a quedar de un lado u otro de la grieta política, afectando sus propios intereses fiscales.
La estrategia oficialista de no ceder se sustenta en la convicción de que cuentan con los números necesarios para la aprobación, o al menos para presionar lo suficiente durante el debate en el recinto. Sin embargo, esta rigidez ha generado efectos colaterales en la agenda legislativa; por ejemplo, el Gobierno ha decidido demorar el tratamiento de la Ley de Glaciares, priorizando todos sus esfuerzos y capital político en blindar la reforma laboral. En Balcarce 50 creen que cualquier muestra de “debilidad” en la negociación previa podría ser interpretada como una invitación a desguazar el proyecto capítulo por capítulo.
Desde el peronismo y los sectores sindicales, la respuesta ha sido una intensificación del plan de lucha. Con la certeza de que no podrán frenar la ley legislativamente si el bloque oficialista se mantiene unido, el PJ ya analiza estrategias judiciales para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma una vez aprobada. Por su parte, la CGT y las CTA han ratificado movilizaciones masivas para los días previos a la sesión, buscando presionar directamente a los senadores de las provincias que aún no han definido su voto de manera pública.
La próxima semana será definitiva para el rumbo del país. Con el ingreso del pedido de sesión para el miércoles 11 de febrero, el país se encamina a un debate maratónico donde se pondrá a prueba la capacidad de resistencia de la administración Milei. Si la postura de no hacer cambios prevalece, el Senado se convertirá en un campo de batalla donde se definirá no solo el futuro de las relaciones del trabajo en Argentina, sino también el modelo de gobernabilidad y negociación federal para el resto del año.