Gestión digital y repercusiones políticas
La nueva oficina depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira. Desde el oficialismo justificaron la medida como una respuesta necesaria ante el avance de las noticias falsas (fake news) tras la quita de la pauta publicitaria oficial. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la necesidad de “desmentir con claridad“, sosteniendo que el objetivo es que el ciudadano logre diferenciar datos de relatos.
El cuestionamiento también alcanzó el plano político aliado. Referentes del PRO, como la legisladora porteña Laura Alonso, expresaron que no existen excusas para que el aparato estatal intervenga en la fabricación de una verdad oficial.
Alonso sostuvo que la respuesta debe darse en el marco del debate y no desde estructuras de poder. En sintonía, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que mientras no se utilicen fondos públicos para perseguir o silenciar, el intercambio de visiones es parte de la democracia.
Un escenario de incertidumbre
La implementación de esta oficina abre un interrogante sobre el futuro de la relación entre el poder político y la prensa independiente.
Mientras las autoridades sostienen que buscan transparencia frente a la desinformación, las instituciones periodísticas enfatizan que el único juez válido del trabajo profesional es la gente.