La discusión sobre el costo de vida en la Argentina sumó un nuevo capítulo protagonizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras la reciente polémica iniciada por el titular de Economía, Luis Caputo, quien criticó los precios de las marcas nacionales y confesó que compra su ropa afuera, Bullrich se sumó a la tendencia con un dato contundente: mostró un conjunto celeste y aseguró haberlo comprado a través de Amazon por tan solo 50 dólares.
La funcionaria utilizó su ejemplo personal para graficar lo que el Gobierno considera una distorsión insostenible en el mercado textil argentino. Según Bullrich, la diferencia de precios entre los productos importados y los locales es “abismal”, lo que castiga el bolsillo de los ciudadanos debido a la falta de competencia y la alta carga impositiva. “Es un traje de buena calidad y me costó una fracción de lo que vale acá”, enfatizó la ministra, alineándose con la postura de la Casa Rosada de fomentar una mayor apertura comercial.
Esta confesión ministerial ocurre en un contexto de fuerte tensión con la industria indumentaria local, que defiende sus valores argumentando costos logísticos, impositivos y laborales elevados. Sin embargo, para el equipo económico de Javier Milei, la solución radica en desarmar el esquema de protección que ha permitido que una prenda básica en Argentina cueste hasta tres veces más que en Estados Unidos o Europa. “No podemos seguir siendo el país más caro del mundo en ropa”, señalaron fuentes oficiales tras las declaraciones de los ministros.
El debate no tardó en trasladarse a las redes sociales y a los medios de comunicación, donde figuras del espectáculo y el comercio —como Marixa Balli— expresaron su descontento con las críticas oficiales, alegando que el Gobierno debería enfocarse en bajar los impuestos en lugar de atacar a los comerciantes. No obstante, desde el Ejecutivo insisten en que la transparencia sobre los hábitos de consumo de los funcionarios busca poner en evidencia la necesidad de reformas estructurales que permitan a todos los argentinos acceder a precios competitivos.
La polémica por el “traje de 50 dólares” consolida un cambio de narrativa oficial: los funcionarios ya no ocultan que prefieren marcas extranjeras o plataformas de e-commerce internacionales. Con esta estrategia, el Gobierno busca generar una presión social que fuerce a las empresas nacionales a ajustar sus márgenes y apoya el avance de medidas que faciliten las importaciones puerta a puerta, una de las promesas de campaña para normalizar el consumo en el país.