Una investigación federal identificó a internos de penales bonaerenses como responsables de presionar al soldado Rodrigo Gómez. Los delincuentes utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de citas y usurpaban identidades policiales para exigir dinero a la víctima.
El Ministerio de Seguridad de la Nación y el Juzgado Federal de San Isidro presentaron los resultados de una investigación que vincula la muerte del soldado voluntario Rodrigo Gómez con una red de estafas operada desde las cárceles de Magdalena y Olmos. El joven de 21 años, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, se quitó la vida el 16 de diciembre pasado mientras cumplía funciones de guardia en la Quinta de Olivos.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, informaron que el soldado cayó en una trampa tras contactar un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch. Según el expediente, los delincuentes simularon ser una joven menor de edad para luego iniciar una etapa de amenazas económicas contra el militar.
La organización criminal, denominada por los investigadores como una estructura de estafas digitales, utilizaba mensajes de voz grabados para intimidar a sus objetivos. En estos audios, una mujer fingía ser la madre de una menor y acusaba a la víctima de comportamientos ilegales. Posteriormente, un falso oficial de la Policía de la Ciudad contactaba al damnificado para exigir pagos a cambio de no iniciar una supuesta causa judicial.
Para dar veracidad al engaño, los internos utilizaron los nombres reales de los agentes porteños Matías Nahuel Contti y Carlos Arriola. El soldado Gómez realizó múltiples transferencias bancarias que, según fuentes judiciales, alcanzaron una cifra cercana a 1.400.000 pesos. El dinero era recibido por mujeres fuera de los penales, quienes actuaban como recaudadoras de la banda.
La clave para resolver el caso se encontró en una carta de despedida que el joven dejó en su uniforme. En el escrito, Gómez detalló que enfrentaba deudas legales y financieras provocadas por personas que él creía eran policías corruptos. El análisis forense de su teléfono celular permitió rastrear las llamadas y las cuentas bancarias utilizadas para la extorsión.
Durante la madrugada de este lunes, las fuerzas federales realizaron siete detenciones y allanamientos en las unidades penitenciarias involucradas. Los líderes de la maniobra fueron identificados como tres internos de apellidos Francavilla, Sandoval y Duarte Arecó. Tras el operativo, los sospechosos fueron trasladados a unidades de máxima seguridad bajo un régimen de restricción tecnológica estricta.
La jueza Arroyo Salgado advirtió sobre el uso de dispositivos móviles dentro de las cárceles bonaerenses y señaló que el celular funcionó en este caso como un arma letal. La magistrada subrayó la necesidad de revisar los protocolos de conectividad de los internos para prevenir la continuidad de delitos intramuros.
Los imputados enfrentarán cargos por extorsión e instigación al suicidio. Las autoridades concluyeron que la exposición del caso busca alertar a la población sobre estas nuevas modalidades de estafa digital para evitar futuras víctimas.
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