El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
La administración central protagonizó una jornada de marchas y contramarchas legislativas al ingresar y, poco después, dar de baja la propuesta de reforma del sistema punitivo juvenil en la Cámara Baja. El conflicto principal radicó en la pretensión oficial de establecer el límite de responsabilidad penal en los 13 años, una cifra que carece de consenso entre las fuerzas políticas aliadas. Ante la falta de apoyo, la Casa Rosada optó por retirar el pliego para ajustarlo a un esquema de 14 años, buscando así una aprobación más ágil mediante un acuerdo previo con otros bloques parlamentarios.
Una de las grandes novedades de esta versión, a diferencia de los intentos fallidos del ciclo anterior, fue la inclusión de una partida financiera específica para su puesta en marcha. El cálculo gubernamental estima una inversión superior a los 23.700 millones de pesos, distribuidos entre la cartera de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Esta transparencia en los fondos intenta blindar la norma frente a posibles vetos o frenos por falta de financiamiento, un argumento que el Ejecutivo ha utilizado recientemente para neutralizar otras leyes de impacto social y educativo.
El texto modificado que se discutirá próximamente contempla un techo de 15 años de cárcel para adolescentes, descartando de plano las penas perpetuas. Asimismo, la normativa prioriza medidas alternativas a la reclusión, reservando la privación de la libertad únicamente para incidentes de extrema gravedad o violencia. En paralelo, surge un reclamo desde las provincias y sectores opositores para delimitar claramente las responsabilidades económicas entre Nación y los gobernadores, especialmente en lo referido a las reformas edilicias necesarias para garantizar centros de detención diferenciados y programas de salud y educación.
Telefónica vendió su filial chilena a NJJ y Millicom por más de 1.150 millones de euros, acelerando su salida de Sudamérica. La operadora busca reducir deuda y concentrar recursos en sus mercados estratégicos de Europa y Brasil tras abandonar varios países
Archivos revelados exponen la obsesión de Jeffrey Epstein por la eugenesia y la edición genética. El financista costeó estudios para secuenciar su ADN y promovió teorías racistas sobre la mejora humana, buscando influir en científicos para crear “bebés de diseño”.
El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, probó personalmente un nuevo guante de descarga eléctrica para la policía. Tras experimentar el impacto, calificó la potencia del dispositivo como insoportable, destacando la efectividad de esta tecnología no letal para inmovilizar delincuentes.
Mark Zuckerberg y Priscilla Chan planean adquirir una mansión en la exclusiva isla de Indian Creek, Miami. El traslado del fundador de Meta se suma al de otros magnates que abandonan California para evitar nuevos impuestos estatales sobre sus fortunas.
El Gobierno nacional unificó las delegaciones argentinas ante Bélgica y la Unión Europea mediante un decreto oficial. Fernando Iglesias encabezará esta sede única en Bruselas con el objetivo de recortar gastos operativos y optimizar la representación diplomática en el bloque.
Gemini said El gasto público cayó al 14,5% del PBI en 2025, alcanzando su punto más bajo en una década. El ajuste se centró en obra pública, subsidios y planes sociales, aunque para 2026 se proyecta una nueva contracción del presupuesto estatal.
Gobiernos locales y propietarios privados en Estados Unidos bloquean los intentos del ICE por convertir almacenes en prisiones migratorias. Pese al presupuesto federal, la resistencia legal en varios estados y las protestas ciudadanas dificultan la logística del plan de deportaciones.
Argentina descendió al puesto 104 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Expertos atribuyen la caída de cinco lugares a la falta de políticas de transparencia y a la escasa respuesta oficial ante recientes escándalos en organismos estatales.
