Violentos choques entre manifestantes y fuerzas federales empañaron el debate legislativo este miércoles dejando agentes heridos y 32 detenidos mientras el Gobierno porteño estimó pérdidas materiales por 270 millones de pesos en la zona del Congreso.
El Senado de la Nación inició este miércoles el tratamiento de la reforma laboral en un clima de extrema tensión. Lo que comenzó como una movilización masiva de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y movimientos sociales, terminó con enfrentamientos violentos cuando grupos de manifestantes derribaron vallas y arrojaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad.
La escalada de violencia alcanzó su punto máximo cerca de las 16:30. En ese momento, manifestantes de agrupaciones de izquierda lanzaron piedras, botellas y bombas molotov contra el personal policial. La Policía Federal y la Gendarmería Nacional respondieron con el uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las columnas hacia las calles laterales.
El operativo de seguridad, coordinado por la ministra Alejandra Monteoliva, informó un saldo de seis efectivos lesionados. Entre los heridos se encuentran tres gendarmes y tres agentes de la Policía Federal, quienes sufrieron traumatismos por objetos contundentes y quemaduras por agentes químicos.
Por su parte, la cifra de personas aprehendidas ascendió a 32 tras la intervención conjunta de fuerzas federales y de la Ciudad.
Desde el ámbito judicial y social, la abogada Carmen Verdú, de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), ofreció una versión distinta sobre las detenciones. Según la letrada, hasta el momento solo se convalidaron 12 arrestos, mientras que el resto de los involucrados permanecieron en condición de demorados para su identificación.
El impacto en la infraestructura urbana resultó severo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reportó que los costos de reparación alcanzan los 270 millones de pesos. Los daños incluyeron la remoción de 140 contenedores de basura, la rotura de mobiliario público y la destrucción de 500 metros cuadrados de césped en los canteros centrales de la plaza. Al finalizar la jornada, 120 barrenderos y brigadas de acción inmediata iniciaron las tareas de limpieza.
La dirigencia sindical tomó distancia de los focos de conflicto. Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, afirmó que la movilización se desvirtuó por hechos que consideró armados, ajenos a la voluntad de la central obrera. En contraste, sectores de izquierda y organizaciones sociales denunciaron que la respuesta policial fue desproporcionada y que afectó a personas que se manifestaban pacíficamente.
Hacia las 19:00, el despliegue de agentes motorizados logró despejar las inmediaciones de la avenida Rivadavia, permitiendo restablecer parcialmente la circulación vehicular. Mientras el recinto legislativo continuaba el debate, las columnas de sindicatos como Camioneros, La Bancaria y la UOM ya se habían desconcentrado.
Los sucesos de esta jornada reabren una controversia persistente sobre los límites de la protesta y la eficacia de los protocolos de seguridad.
Queda pendiente determinar si estos episodios de violencia logran alterar el curso de una votación legislativa clave o si, por el contrario, terminan por opacar el debate de fondo sobre los derechos de los trabajadores.
Mediante intervenciones en el mercado, el organismo adquirió USD 214 millones en una jornada donde el dólar mayorista cayó a 1.400 pesos. Esta cifra permitió encadenar 28 ruedas consecutivas con saldo positivo y acumular USD 1.906 millones en 2026.
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