El oficialismo logró quórum de 38 senadores para tratar la iniciativa que modifica indemnizaciones y traspasa la justicia laboral a la Capital, mientras gremios y sectores de la oposición rechazan la medida por considerarla un retroceso en derechos.
El oficialismo logró quórum de 38 senadores para tratar la iniciativa que modifica indemnizaciones y traspasa la justicia laboral a la Capital, mientras gremios y sectores de la oposición rechazan la medida por considerarla un retroceso en derechos.
La sesión en la Cámara Alta comenzó este miércoles pasadas las 11:00 con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Para alcanzar el tratamiento del proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional debió aceptar más de 20 modificaciones en el texto original, con el fin de asegurar los votos necesarios para la media sanción.
Entre los acuerdos más relevantes, los gobernadores obtuvieron la garantía de que no se reducirá el impuesto a las Ganancias para empresas, resguardando así la coparticipación provincial.
Asimismo, el oficialismo cedió ante los sindicatos al mantener el esquema actual de aportes a obras sociales y las cuotas solidarias, aunque persisten tensiones por posibles cambios de último momento en la obligatoriedad de dichas contribuciones.

El eje central de la discusión técnica se sitúa en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo reemplazará el cálculo tradicional de indemnizaciones, excluyendo el aguinaldo y premios del cómputo. El fondo se nutrirá de aportes patronales: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes.
La senadora, Patricia Bullrich, defendió la medida como una herramienta para terminar con el temor a los litigios que afecta a los empleadores. Por el contrario, el senador Mariano Recalde calificó al FAL como un “canal de despidos” y advirtió sobre el desfinanciamiento de la Anses, comparando el sistema con las antiguas administradoras privadas de jubilaciones.

La reforma incluye el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un punto que la oposición cuestiona por considerarlo una búsqueda de fallos más favorables a las empresas.
Además, el texto propone la derogación de cinco estatutos profesionales en el plazo de un año, incluyendo artículos específicos del estatuto del periodista.
Otros cambios significativos afectan las licencias por enfermedad ajenas al trabajo, que se pagarán al 50%, y la prohibición de abonar salarios mediante billeteras virtuales, restringiendo los pagos únicamente a entidades bancarias.

Durante el debate, legisladores como Beatriz Ávila admitieron que la ley por sí sola no creará puestos de trabajo inmediatos, pero la señalaron como un paso necesario. Desde la vereda opuesta, Sergio Uñac y Axel Kicillof sostuvieron que la flexibilización laboral no garantiza la formalidad y que el problema real radica en la política económica actual.
Al cierre de esta edición, se estima que la discusión se extienda por más de 14 horas debido a la gran cantidad de oradores inscriptos. El Gobierno espera concluir la jornada con la aprobación en general para trasladar la disputa a la Cámara de Diputados.
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