La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunto incumplimiento de deberes durante las protestas en el Congreso. La justicia investiga por qué las fuerzas no detuvieron en flagrancia a un grupo violento que arrojó bombas molotov frente a las cámaras.
La gestión de Alejandra Monteoliva frente a la cartera de Seguridad quedó bajo la lupa judicial tras una presentación penal que cuestiona el desempeño de las fuerzas federales durante las recientes movilizaciones por la reforma laboral. La denuncia, radicada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, insta a los tribunales a determinar si existió una omisión deliberada de funciones por parte de la funcionaria y de la cúpula operativa. El eje del reclamo se centra en la curiosa libertad de acción de la que gozó una célula de siete individuos encapuchados que, según registros fílmicos, atacaron las vallas de contención con artefactos explosivos caseros sin ser interceptados por el masivo dispositivo de seguridad presente en la zona.
El escrito judicial enfatiza que, a pesar de estar plenamente identificados por drones y sistemas de vigilancia en tiempo real, los agresores no fueron arrestados en flagrancia, mientras que el accionar represivo se dirigió hacia manifestantes ajenos a esos incidentes. El denunciante califica como “sospechosa” la trayectoria de los gases lacrimógenos y los camiones hidrantes, que habrían evitado impactar sobre el foco de violencia, permitiendo que los sospechosos se retiraran del lugar sin contratiempos. Como parte de la instrucción, se ha solicitado el peritaje de las grabaciones del comando unificado y el listado de jerarquías a cargo de las divisiones de Prefectura, Gendarmería y Policía que intervinieron en la plaza, buscando esclarecer si hubo una orden explícita de no proceder contra el grupo violento.
Mariano Cúneo Libarona celebró la media sanción para bajar la imputabilidad a 14 años, asegurando que pondrá fin a la impunidad. El nuevo régimen propone centros especializados, educación obligatoria y seguimiento personalizado para lograr la reinserción social de los menores.
Un ataque armado en la Universidad Estatal de Carolina del Sur dejó dos muertos y un herido en una zona residencial. El campus fue cerrado y las clases se suspendieron mientras la policía investiga este nuevo episodio de violencia estudiantil.
El Gobierno apeló ante la Corte Suprema el fallo que ordenó devolver provisoriamente la pensión por viudez a Cristina Kirchner. Capital Humano busca revertir la medida, argumentando que la condena judicial de la expresidenta justifica la quita de sus beneficios previsionales.
La justicia cubana dictó prisión preventiva para los creadores de El4tico, acusándolos de propaganda inconstitucional. El arresto de Kamil Zayas y Ernesto Medina generó el repudio de organismos internacionales, quienes denuncian una escalada represiva contra la libertad de expresión digital.
El tribunal de La Plata fijó para noviembre de 2026 el juicio contra Felicitas Alvite por la muerte de Walter Armand. Se debatirá si la joven actuó con dolo eventual al correr una picada ilegal y cruzar semáforos en rojo.
El príncipe Enrique y Meghan Markle respaldaron en Los Ángeles a familias que demandan a Meta y Google por daños a la salud mental juvenil. El juicio, que citó a Mark Zuckerberg, busca justicia por muertes vinculadas a la adicción digital.
Fiscales denunciaron que el juez Luis Armella recortó arbitrariamente el peritaje contra Martín Insaurralde, excluyendo a su exesposa e hijos de la auditoría. La medida es señalada como una maniobra para beneficiar al exfuncionario en la causa por enriquecimiento ilícito.
Taylor Swift impugnó ante la oficina de patentes el eslogan “Swift Home” de una firma textil, alegando que busca confundir a los consumidores. Su equipo legal denuncia que la marca imita su firma registrada para crear una falsa asociación comercial.
