Respaldo oficial a la reforma del sistema penal para adolescentes

Mariano Cúneo Libarona celebró la media sanción para bajar la imputabilidad a 14 años, asegurando que pondrá fin a la impunidad. El nuevo régimen propone centros especializados, educación obligatoria y seguimiento personalizado para lograr la reinserción social de los menores.

Mariano Cúneo Libarona. Foto NA
Mariano Cúneo Libarona. Foto NA

El titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó su entusiasmo tras el avance legislativo del nuevo marco normativo para menores en la Cámara Baja. Para el funcionario, es fundamental que el ordenamiento jurídico establezca restricciones claras a las conductas delictivas juveniles, terminando con lo que calificó como un ciclo de falta de castigo. Según su visión, este cambio legal envía una señal de alivio a los damnificados por delitos y demuestra un compromiso estatal por resolver una problemática que, a su criterio, había sido descuidada por décadas.

Una respuesta ante la gravedad de los delitos juveniles

Al justificar la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años, el ministro argumentó que el esquema vigente quedó obsoleto frente a la realidad actual, donde adolescentes participan en crímenes de extrema violencia, abusos y tráfico de material ilícito. Cúneo Libarona subrayó que la intención no es solo sancionar, sino ofrecer un tratamiento que permita la rehabilitación, evitando que la carencia de consecuencias legales profundice la degradación del menor. Sostuvo que el proyecto contempla una serie de salvaguardas y deberes orientados a reincorporar a los jóvenes al tejido social mediante un seguimiento personalizado.

Detalles del nuevo régimen y su financiamiento

La propuesta impulsada por el Ejecutivo, que ahora aguarda el debate en el Senado, prohíbe las condenas a prisión perpetua y establece la creación de establecimientos de alojamiento diferenciados por género. Estas instituciones contarán con equipos profesionales específicos y tutores que mantendrán el vínculo con el entorno familiar de los internos. Además, el plan gubernamental incluye una partida presupuestaria destinada a garantizar la formación escolar y la práctica deportiva obligatoria, buscando que el tiempo de reclusión funcione como un espacio de transformación y aprendizaje para los infractores.

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