Cámara baja inició tratamiento del proyecto oficialista con quórum estricto y negociaciones de último momento. Retiro de artículos clave sobre licencias permitió destrabar el debate, en una jornada que prevé extenderse por más de doce horas.
Cámara baja inició tratamiento del proyecto oficialista con quórum estricto y negociaciones de último momento. Retiro de artículos clave sobre licencias permitió destrabar el debate, en una jornada que prevé extenderse por más de doce horas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio inicio a la sesión extraordinaria tras alcanzar el quórum de 129 legisladores. El bloque de La Libertad Avanza debió ceder en puntos sensibles de la reforma para garantizar el acompañamiento de bloques aliados y sectores del sindicalismo. Entre las modificaciones principales, el oficialismo aceptó retirar las alteraciones propuestas al régimen de licencias por enfermedad y maternidad.
La jornada legislativa comenzó con cruces procedimentales cuando la oposición logró rechazar el plan de labor parlamentaria, evidenciando la fragilidad de los acuerdos en el recinto. En este contexto, la diputada libertaria Mercedes Llano defendió la iniciativa al sostener que la normativa actual resulta obsoleta y es la causa principal de la alta litigiosidad en el sector pyme.
Desde la vereda opuesta, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, calificó el proyecto como un avance sobre los derechos adquiridos y advirtió que las modificaciones profundizarán la precarización. El debate central gira en torno a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un esquema de capitalización, y la eliminación de sanciones por empleo no registrado.
El apoyo del PRO y de diversos bloques provinciales resultó determinante. La estrategia del Gobierno Nacional se centró en “blindar” el corazón de la reforma: la reducción de costos de salida y el blanqueo laboral, a cambio de resignar los artículos que afectaban los convenios colectivos. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se reportaron movilizaciones sindicales.
La sesión deja abierta la incógnita sobre la votación en particular. Los cambios introducidos obligarían a que el proyecto regrese al Senado para una segunda revisión, postergando la sanción definitiva de la norma que el Poder Ejecutivo considera fundamental para su plan económico.
A continuación, el detalle de los artículos que generan mayor impacto:
La norma establece la creación de fondos individuales por empleador destinados a facilitar el pago de las indemnizaciones por despido.
Financiamiento: Las cuentas se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y del 2,5% para PyMES.
Vigencia: El régimen entrará en vigor el 1° de junio de 2026, aunque el Poder Ejecutivo podrá prorrogar esta fecha por seis meses. Solo cubrirá a trabajadores registrados con al menos un año de antigüedad.
Se endurecen las condiciones para las medidas de fuerza, ampliando el universo de actividades con guardias mínimas obligatorias:
Cobertura del 75% (Servicios Esenciales): Se incorporan telecomunicaciones, aeronáutica comercial, recolección de residuos, transporte de caudales, seguridad privada y educación (excepto universitaria). Los gremios deberán preavisar el paro con 5 días de anticipación.
Cobertura del 50% (Importancia Trascendental): Incluye transporte masivo, industria alimenticia, farmacéutica, servicios bancarios, hotelería, gastronomía y comercio electrónico.
Fuerzas de seguridad: Deberán mantener una operatividad del 100%.
El proyecto apunta a limitar la influencia sindical en el día a día de las empresas:
Asambleas: No podrán interrumpir la actividad normal y requerirán autorización del empleador sobre el horario y el lugar. Además, este tiempo no será remunerado.
Ultraactividad: Se acota drásticamente. Al vencer un convenio, solo permanecerán vigentes las cláusulas sobre condiciones de trabajo individuales; el resto caerá hasta que se negocie un nuevo acuerdo. Los convenios por empresa prevalecerán sobre los nacionales.
Aportes: Seguirán vigentes con topes (0,5% para cámaras y 2% para sindicatos). No obstante, desde el 1° de enero de 2028, serán estrictamente voluntarios y requerirán el consentimiento expreso del trabajador.
El texto ratifica el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, proceso que derivará en su progresiva disolución tras la firma de los convenios de transferencia.
Juicios contra el Estado: Las controversias contra la Nación migrarán al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde no rige la Ley de Contrato de Trabajo.
Estatutos eliminados: A partir del 1° de enero de 2027, se derogan regímenes especiales para periodistas, viajantes de comercio, peluqueros y artes gráficas, además de las leyes de Teletrabajo y Trabajo a Domicilio. Todos estos sectores pasarán a la Ley de Contrato de Trabajo común.
En la pulseada financiera, los bancos lograron bloquear el avance de las billeteras virtuales: la reforma prohíbe pagar salarios mediante fintech, manteniendo la exclusividad del sistema bancario tradicional. Respecto a las sentencias judiciales, las grandes empresas podrán pagarlas en hasta 6 cuotas mensuales, mientras que las PyMES tendrán un plazo de hasta 12 meses. Finalmente, para asegurar el equilibrio fiscal, el Ministerio de Economía tendrá la facultad de decidir la fecha de entrada en vigencia de las reducciones de contribuciones patronales.
La Cámara de Diputados sancionó en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, con 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones. Tras eliminar el controvertido artículo 44 sobre licencias médicas, el texto retornará al Senado, en medio de un paro de la CGT y protestas con incidentes.
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