La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El texto, impulsado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, permitirá excarcelaciones pero condiciona la libertad de líderes opositores específicos.
El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Este instrumento jurídico, compuesto por 16 artículos, representa el intento legislativo por pacificar el país tras los sucesos del pasado 3 de enero, cuando una incursión militar de Estados Unidos culminó con la captura de Nicolás Maduro. La normativa pasó ahora a manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su inmediata promulgación.
Durante la sesión ordinaria, el presidente del cuerpo legislativo, Jorge Rodríguez, calificó la aprobación como un paso fundamental hacia un nuevo tiempo político. No obstante, el debate en el hemiciclo se prolongó por más de dos horas debido a las discrepancias sobre el alcance de los beneficiarios.
Aunque el oficialismo mantiene la mayoría absoluta, aceptó modificaciones en el artículo 7 para permitir que venezolanos en el exilio puedan tramitar su solicitud mediante apoderados legales ante los tribunales.
Pese al consenso en la votación, la ley establece filtros que generan incertidumbre sobre figuras de alto perfil. El artículo 9 excluye de cualquier beneficio a quienes hayan participado o facilitado acciones armadas contra la soberanía nacional con apoyo extranjero.
Esta cláusula técnica impactaría directamente en la situación de dirigentes como la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y Leopoldo López, quienes han sido señalados por el gobierno de colaborar con potencias externas.
Una comisión especial de 23 diputados, presidida por Jorge Arreaza, será la encargada de evaluar cada expediente de forma individual.
En el ámbito humanitario, la aprobación puso fin a una huelga de hambre iniciada por familiares de detenidos el pasado 14 de febrero. Según datos de la organización no gubernamental Foro Penal, en el país aún permanecen 644 presos políticos, después de que el gobierno encargado ejecutara 448 excarcelaciones bajo libertad condicional desde inicios de año.
La nueva normativa exige que las investigaciones judiciales y los antecedentes policiales de los amnistiados sean eliminados definitivamente de los archivos oficiales.
Paralelamente, el Legislativo anunció que evaluará una reforma a la Ley contra el Odio. El diputado Rodríguez admitió que dicha norma sufrió “situaciones de mala utilización” en el pasado, un reconocimiento inusual que busca reforzar el mensaje de apertura política.
Expertos de Naciones Unidas señalaron que, para que el proceso sea efectivo, la amnistía debe integrarse en un sistema integral de justicia transicional que no deje fuera a víctimas de enjuiciamientos ilegales.
El éxito de esta medida dependerá ahora de la implementación técnica que realice el Ejecutivo y de la voluntad de los tribunales competentes. Queda por ver si este mecanismo logrará desactivar la crisis institucional o si las exclusiones de los líderes opositores mantendrán abierta la brecha de la confrontación política en Venezuela.
La Cámara de Diputados sancionó en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, con 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones. Tras eliminar el controvertido artículo 44 sobre licencias médicas, el texto retornará al Senado, en medio de un paro de la CGT y protestas con incidentes.
Al menos 16 personas murieron esta madrugada en Pakistán tras el colapso de un edificio residencial en el barrio Soldier Bazaar. El estallido, vinculado a una fuga de gas, ocurrió durante los preparativos del ayuno de Ramadán.
Abelardo Castro viajó desde Buenos Aires para encontrarse con Rosa Riquelme pese a tener una restricción perimetral. El agresor de 69 años mató a la mujer de 60 y luego intentó quitarse la vida.
La cifra de $ 137.000 por cada siete días de permanencia trascendió tras la filtración de los contratos para la nueva edición. El monto supera el salario mínimo y genera debates sobre la retribución por la pérdida de privacidad.
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