La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó por unanimidad una ley de amnistía que beneficia a cientos de civiles perseguidos, aunque excluye a militares rebeldes. La norma establece plazos de liberación y permite que exiliados sean representados por abogados ante los tribunales.
Tras un periodo de intensas negociaciones y consultas con diversos actores sociales, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó este jueves, de forma unánime, el proyecto de amnistía. La nueva normativa busca extinguir las acciones judiciales contra centenares de ciudadanos procesados por motivos políticos, permitiendo tanto la excarcelación de quienes permanecen en centros de reclusión como el retorno de figuras que se encuentran en la clandestinidad o fuera del territorio nacional. Desde la directiva del Parlamento, se calificó este paso como el inicio de una etapa de distensión necesaria para el futuro del país.
El texto definitivo establece un marco temporal que abarca trece episodios de conflicto social ocurridos entre finales del siglo pasado y el año en curso, incluyendo periodos de alta confrontación parlamentaria y procesos electorales recientes. No obstante, el beneficio no será universal: se determinó que casi doscientos uniformados señalados por rebelión no podrán acogerse a esta gracia. Para velar por el cumplimiento de lo acordado y dirimir disputas sobre casos excluidos, se conformará un equipo legislativo especial de seguimiento, mientras el documento aguarda la rúbrica de la presidencia para su publicación inmediata.
Uno de los puntos que mayor debate generó fue el procedimiento para hacer efectiva la libertad. Finalmente, se acordó que quienes se encuentren en el exterior podrán ser representados por sus abogados de confianza, eliminando la obligatoriedad de la presencia física ante tribunales que cuestionaba la oposición. Asimismo, se fijó un plazo perentorio de quince días para que las instancias judiciales procesen las solicitudes. Aunque sectores vinculados a los derechos humanos lamentan que delitos como los de “odio” no fueran derogados explícitamente, valoran positivamente la inclusión del principio de favorabilidad para el acusado en casos de duda jurídica.
La aprobación llega en un momento de fuerte movilización por parte de las familias de los detenidos, quienes han mantenido vigilias y huelgas de hambre para exigir celeridad en los compromisos oficiales. Si bien en las últimas semanas se han producido cientos de liberaciones, los registros de organizaciones no gubernamentales indican que todavía queda un grupo significativo de prisioneros pendientes de beneficios. Los analistas coinciden en que, aunque la ley representa un avance institucional hacia la normalización política, el desafío persistente radica en transformar la cultura de persecución para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
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