La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral tras eliminar el polémico artículo sobre licencias médicas. Con apoyo de gobernadores aliados, el oficialismo logró media sanción para un texto que flexibiliza indemnizaciones y limita huelgas, enviando el proyecto nuevamente al Senado.
En una sesión marcada por intensas negociaciones y el respaldo de mandatarios provinciales, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa, que obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, regresa ahora al Senado debido a la exclusión de un artículo polémico relacionado con las licencias por enfermedad. La administración de Javier Milei busca convertir la propuesta en ley antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo, consolidando un triunfo parlamentario apoyado por bloques aliados y sectores del peronismo del interior.
La viabilidad del debate dependió de una ingeniería política que involucró a gobernadores de provincias como Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca. A pesar de la resistencia de Unión por la Patria y la izquierda, el oficialismo logró el número necesario para sesionar gracias a legisladores que responden directamente a los jefes territoriales. Esta dinámica evidenció una fractura en el bloque peronista, donde algunos representantes facilitaron el inicio de la jornada —pese a votar luego en contra— bajo directivas provinciales interesadas en la gobernabilidad y el diálogo con la Casa Rosada.
El cambio más significativo respecto al texto original fue la supresión del artículo que pretendía reducir las remuneraciones durante las licencias por accidentes o enfermedades no laborales. Este retroceso oficialista fue necesario para garantizar el acompañamiento de la UCR y otros sectores dialoguistas. Entre los ejes que permanecen en la reforma destacan la creación de un sistema de indemnizaciones basado en fondos de asistencia, la facilitación del fraccionamiento de vacaciones y la implementación de un “banco de horas” para flexibilizar la jornada laboral.
La reforma introduce transformaciones profundas en la naturaleza del empleo moderno y la actividad sindical. Por un lado, regulariza a los trabajadores de plataformas digitales bajo una figura de independencia, excluyéndolos de la relación de dependencia tradicional. Por otro lado, impone restricciones al derecho de huelga al catalogar a la educación y otras actividades como servicios esenciales, obligando a mantener coberturas de hasta el 75% durante las protestas. El proyecto también contempla un esquema de blanqueo para reducir la informalidad mediante la condonación de deudas previsionales a las empresas que registren personal.
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