La jueza Loretta Preska desestimó la solicitud argentina para pausar el proceso de discovery en el litigio por la expropiación de YPF. El intercambio de información prosigue mientras el país apelará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La justicia de los Estados Unidos determinó que el proceso de revelación de pruebas, conocido técnicamente como discovery, debe continuar sin interrupciones. La magistrada de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, desestimó el pedido de la defensa argentina que buscaba congelar esta etapa mientras se aguarda una resolución de la instancia superior.
Además, la decisión representa un endurecimiento en el litigio por la estatización de YPF en 2012, que enfrenta al país con los fondos Burford Capital y Eton Park.
El centro del conflicto actual radica en la intención de los demandantes de identificar bienes del Estado que puedan ser ejecutados para cobrar la sentencia de USD 16.100 millones.
En los últimos meses, el foco se posó sobre las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los beneficiarios del fallo exigieron detalles sobre la localización y administración de estos activos, mientras que el Gobierno nacional presentó una declaración jurada para denegar dicha información.
José Ignacio García Hamilton, secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, sostuvo en el expediente que los datos solicitados son sensibles para la seguridad financiera y la política monetaria.
La postura oficial subrayó que el Banco Central es una entidad autárquica y que sus reservas gozan de inmunidad jurisdiccional. Sin embargo, los demandantes cuestionaron este argumento y solicitaron una audiencia probatoria para interrogar a funcionarios sobre el paradero del metal precioso.
Al justificar su rechazo, la magistrada Preska señaló que el Estado argentino mantuvo una conducta de incumplimiento durante años.
Según la jueza, frenar el proceso en esta instancia perjudicaría a quienes buscan cobrar una sentencia que no ha sido suspendida. Además del acceso a datos financieros, la orden judicial incluye la revisión de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación calificó las exigencias como “abusivas” e “intrusivas”. Desde el organismo indicaron que el país ya entregó aproximadamente 115.000 elementos probatorios. Para la defensa, las peticiones de los fondos no buscan identificar activos reales, sino generar presión política y mediática.
El tribunal confirmó la realización de audiencias presenciales entre el 21 y el 23 de abril próximos. Durante esas jornadas, el Estado argentino deberá fundamentar por qué el Poder Ejecutivo no tiene acceso a la información que maneja el Banco Central.
En caso de que las explicaciones no satisfagan a la jueza, Argentina podría ser declarada en desacato, lo que agravaría su situación legal en el exterior.
Mientras tanto, la atención se mantiene en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, cuya decisión final sobre el fondo de la expropiación de YPF definirá si la millonaria condena se mantiene firme o es revertida.
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