El conflicto salarial entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los trabajadores de la educación alcanzó un punto de quiebre. Tras dos semanas de negociaciones sin éxito, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó que no iniciará el ciclo lectivo el próximo 2 de marzo. La decisión consolidó el primer paro conjunto de todas las organizaciones gremiales contra la administración de Axel Kicillof.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que preside Liliana Olivera, lideró el rechazo a la propuesta oficial por considerarla insuficiente para recomponer el poder adquisitivo.
Poco después, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) decidió sumarse a la medida de fuerza. La organización que conduce Roberto Baradel, históricamente cercana a la gestión provincial, enfrentó presiones de sus bases y sectores internos opositores para plegarse a la protesta.
Un reclamo con doble destinatario
Los sindicatos estructuraron sus exigencias en dos niveles. En el plano nacional, demandaron la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria inmediata a la paritaria federal por parte del presidente de la Nación Javier Milei.
No obstante, el eje del conflicto local se centró en la última oferta de la Gobernación: un incremento del 3% para el mes de febrero.
Dicha propuesta elevaba el sueldo de un maestro de grado inicial a $762.000, mientras que un docente de jornada completa alcanzaría los $1.524.000. Ante la falta de acuerdo, las autoridades provinciales otorgaron un 1,5% a cuenta de futuros aumentos para intentar mitigar el impacto de la inflación en los salarios del sector estatal.