El futuro de YPF está en manos de la justicia de Nueva York. Lo que inició como una expropiación, es hoy una condena millonaria. La Corte decidirá si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la empresa, lo que pondría en jaque un activo clave y la estabilidad económica del país.
Este martes 12 se presenta como un día decisivo en el juicio por la estatización del 51% de YPF. La Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si mantiene la suspensión de la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que exige al país entregar esas acciones para saldar una deuda de US$ 16.100 millones, que se incrementa en más de US$ 2 millones diarios por intereses.
Las posibles resoluciones se dividen en tres escenarios. El primero, y más favorable para Argentina, es que la Corte sostenga la medida cautelar que suspende el traspaso de acciones. La segunda opción es que niegue esta medida, lo que llevaría a Preska a solicitar la ejecución inmediata de las acciones. Una tercera posibilidad es que, si bien se conceda la suspensión, la Corte considere que pagar con acciones es inviable y, en cambio, solicite que el Gobierno entregue otros activos, como bonos a mediano o largo plazo.
El litigio no se enfoca en el derecho de Argentina a expropiar la compañía, sino en el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el estatuto de YPF exigía. Esta omisión perjudicó los derechos de los inversores que compraron acciones en Wall Street, dando lugar a que el juicio se desarrollara en Nueva York bajo las leyes de mercado de capitales de Estados Unidos. Si la Corte no concede la suspensión total, Argentina podría buscar un acuerdo con los acreedores o, de lo contrario, entrar en desacato. Esta última vía acarrearía consecuencias graves, como el posible embargo de reservas del Banco Central o de activos de la propia YPF.
La inminente resolución de la Corte de Apelaciones no es solo una cuestión legal, sino un evento que podría redefinir la relación de Argentina con los mercados internacionales y su capacidad de gestionar activos estratégicos. ¿Cómo impactará la decisión en la economía y la imagen del país? ¿Y qué camino tomará el Gobierno si la justicia estadounidense obliga a un pago inmediato, ya sea con acciones u otros activos?
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