La Unión Industrial Argentina (UIA) presentará un decálogo de reclamos al gobierno de Javier Milei para frenar la crisis. En plena recesión y con balances negativos, el sector industrial eleva el tono de sus críticas, exigiendo reformas y soluciones a problemas de costos y falta de consumo.
En un contexto de deterioro económico y creciente tensión con el Poder Ejecutivo, la Unión Industrial Argentina (UIA) se prepara para un nuevo capítulo de su confrontación. A poco de celebrar el Día de la Industria en Córdoba, la entidad se ha visto obligada a endurecer su postura ante una situación que ha puesto a la manufactura nacional al borde del colapso. Los balances negativos de grandes compañías, sumados a un desplome en el consumo y un aumento de costos, han impulsado a la entidad a exigir un cambio de rumbo.
El próximo 2 de septiembre, la UIA presentará un documento de diez puntos que se ha denominado el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo”. El texto no solo está dirigido al gobierno de Javier Milei y a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quienes la organización invitó al evento sin recibir confirmación de asistencia, sino también a toda la dirigencia política del país. La meta es crear un marco de políticas que permita a la industria argentina competir en el mercado global, a través de reformas estructurales en las áreas fiscal, laboral y de incentivos a la producción. Uno de los temas principales será la modernización laboral y el financiamiento productivo.
El evento adquiere una connotación especial, ya que un año atrás fue en este mismo marco donde el presidente Milei lanzó la frase que generó fricción con el sector: “Para proteger a la industria se le robó al campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado”.
El tono de la UIA ha evolucionado de un cuestionamiento moderado a una crítica más directa. Su presidente, Martín Rappallini, se ha referido a los recientes resultados negativos de empresas como Molinos Río de la Plata, Ledesma y Mastellone no como casos aislados, sino como un síntoma de un problema estructural más profundo que afecta a la economía nacional.
Rappallini señaló que este “sobrecosto” afecta la competitividad de las empresas, y explicó que solo aquellas que logran transferir los aumentos a los precios sobreviven, mientras que las que no pueden hacerlo, como su propia empresa, Cerámicas Alberdi, sufren las consecuencias de manera directa. La caída de un 25% en las ventas de su compañía es un ejemplo de la recesión que ha impactado al sector.
El estancamiento de la actividad industrial es palpable. Un informe reciente de la UIA anticipa que, después de un semestre de ligeros signos de recuperación en algunas áreas como la molienda de granos y la producción de motocicletas, la economía en general ha entrado en una fase de meseta. Este escenario se ha visto agravado por el aumento de las tasas de interés, que han encarecido el crédito productivo, y por una mayor competencia de productos importados.
El informe destaca un incremento del 32% en las importaciones de bienes de consumo en el primer semestre, mientras las exportaciones se han estancado. Esta heterogeneidad económica ha creado un clima de incertidumbre, donde la falta de demanda ha dejado a las grandes compañías con números en rojo.
Un industrial de la provincia de Buenos Aires, cuya firma es una de las más importantes del país, resumió la situación con cruda sinceridad: “El invierno está muy frío, ni los importadores están vendiendo. Más que las compras al exterior, hoy el problema es el consumo nulo”. Esta frase refleja la gravedad de una crisis que, más allá de las cifras, se siente en la falta de actividad y en la incertidumbre del futuro inmediato.
El Rojo igualó 0 a 0 con Instituto por la séptima fecha de la Liga Profesional, en un partido en el que no logró capitalizar sus oportunidades. El resultado mantiene las dudas sobre su rendimiento.
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El Consejo Interuniversitario Nacional en el 94º plenario, convocó a una nueva marcha federal si el presidente Javier Milei veta la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. El sector alerta por el impacto en el presupuesto y la educación pública.
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