El gobierno de Milei enfrenta nuevas complicaciones por el escándalo de la droguería Suizo Argentina. Sus contratos con el Estado se dispararon a $108 mil millones en 2025, un aumento del 2.678% en un año. Este caso se suma a otros frentes políticos y judiciales que han debilitado la imagen del ejecutivo.
Una investigación periodística revela una notable escalada en los acuerdos firmados entre el Estado y la droguería Suizo Argentina SA. La compañía, que ha sido mencionada en audios sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vio sus contratos dispararse desde los $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025. Esta información, obtenida del portal oficial Compr.Ar, representa un crecimiento del 2.678% que supera ampliamente la inflación acumulada del período.
Según el medio La Nación, que consultó a la droguería sin obtener comentarios, el aumento se debe principalmente a una gran licitación por un total de $78.267 millones que le fue adjudicada en marzo por el Ministerio de Salud. El objetivo de este contrato, autorizado por el ministro Mario Lugones, era el almacenamiento y la distribución de medicamentos y vacunas. Suizo Argentina SA fue la única empresa farmacéutica en competir, ya que también opera como empresa de logística.
El Ministerio de Salud justificó la millonaria contratación como parte de una estrategia para reducir costos, asegurando que se centralizaron múltiples procesos en uno solo, generando un ahorro de aproximadamente $48.000 millones. Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) afirmó que, debido a la naturaleza de los servicios, el contrato no está sujeto al control de precios testigo. A pesar de esto, fuentes oficiales afirmaron que el precio final se encuentra por debajo del valor de referencia del Ministerio.
A pesar de los audios que vinculan a Suizo Argentina con la ANDIS, el medio La Nación informó que no se encontraron registros de contratos entre ambas entidades en el portal de compras estatales. Sin embargo, en un giro sorprendente, la Justicia investiga una supuesta compra de más de $15.000 millones que no aparece en el sistema.
La empresa ha estado en el ojo del huracán desde la difusión de los audios, que habrían sido grabados por el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La Justicia ordenó allanar el domicilio de sus directivos, pero uno de ellos, Jonathan Kovalivker, gerente de una empresa asociada, no pudo ser localizado.
Este escándalo se suma a una serie de desafíos que han complicado la gestión del gobierno. En el ámbito político, el ejecutivo enfrenta un creciente cerco legislativo, con la oposición unida para exigir explicaciones y promover investigaciones en el Congreso. La imagen del presidente también ha sufrido un deterioro, según algunas encuestas, lo que, sumado a los problemas económicos persistentes y los conflictos con distintos sectores, genera un escenario de alta fragilidad para el oficialismo. La situación se vuelve aún más crítica en la antesala de las próximas elecciones, donde el gobierno busca consolidar su base de apoyo en medio de una ola de cuestionamientos que han puesto a la administración en un momento de gran vulnerabilidad.
El gobernador Osvaldo Jaldo suspendió la reforma electoral en Tucumán hasta 2026, alegando falta de consenso. La iniciativa, que buscaba limitar acoples e implementar Ficha Limpia, fue duramente criticada por la oposición, que acusa al oficialismo de perpetuar un sistema arcaico.
La Justicia federal investiga a Paola Barritta (ATEPSA) y a la ex funcionaria Gabriela Logatto por presunto fraude contra EANA. Se les acusa de utilizar un acta paritaria inexistente para reclamar judicialmente aumentos millonarios. El expediente analiza si el documento fue fabricado como herramienta de presión política.
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El oficialismo quiere acelerar la discusión del proyecto.
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