El ejército israelí ha sido acusado de una campaña para deslegitimar a periodistas en Gaza, etiquetándolos como militantes para justificar ataques. Reporteros Sin Fronteras y France 24 han condenado esta táctica, que se suma a la cifra récord de comunicadores asesinados en la región, silenciando así a las voces locales.
El devastador conflicto en la Franja de Gaza ha cobrado la vida de un número sin precedentes de periodistas, convirtiéndolo en una de las guerras más letales para la prensa en la historia moderna. En medio de esta trágica realidad, ha surgido una grave acusación: una supuesta estrategia militar israelí diseñada para moldear la narrativa global y justificar los ataques a reporteros al vincularlos, sin pruebas sólidas, con organizaciones como Hamás.
Reportajes del medio independiente israelí ‘+972 Magazine’ señalan que el Ejército ha establecido una unidad de comunicaciones, conocida como la “Célula de Legitimación”. Su propósito, según los informes, es rastrear la vida y obra de periodistas en el enclave en busca de cualquier pretexto, por más endeble que sea, para presentarlos como militantes. La meta es clara: erosionar su estatus de civiles y, de esa forma, legitimar acciones militares contra ellos.
Esta táctica, descrita por el politólogo Ahron Bregman como una parte de la “Hasbara” (la diplomacia pública israelí), tiene un propósito perverso: silenciar a las voces que documentan la guerra desde el terreno. En la práctica, el gobierno y el ejército israelí, a menudo a través de rumores en sitios web y comunicados oficiales, difunden información para sugerir que los reporteros no son más que operativos de Hamás. Sin embargo, en varios casos de alto perfil, estas afirmaciones se han desmoronado rápidamente al ser examinadas.
Uno de los ejemplos más notorios fue el caso de Anas al-Sharif, corresponsal de Al Jazeera, quien fue asesinado junto con cuatro de sus colegas. Tras su muerte, el Ejército difundió documentos que supuestamente lo vinculaban a Hamás, a pesar de que los mismos archivos mostraban que su último contacto con la organización había sido años antes de la guerra. Una situación similar ocurrió con el periodista Ismail al-Ghoul, cuya muerte en julio de 2024 fue seguida por una acusación militar que lo describía como un “terrorista”, un rango que supuestamente había recibido cuando solo tenía diez años de edad.
Las consecuencias de esta estrategia no se limitan a la seguridad física, sino que también afectan la credibilidad y la capacidad de los reporteros para trabajar. Un periodista anónimo, entrevistado por France 24, describió la situación como “alarmante” y señaló el peligro que representa la combinación de violencia física y daño reputacional.
“Ya trabajamos bajo un miedo constante: ataques aéreos, pérdida de compañeros, silenciamiento. Ahora la amenaza también es reputacional, ya que nos priva del apoyo y la protección internacional… Se nos pinta como objetivos, no como profesionales que informan de los hechos”.
Esta denuncia ha sido respaldada por organizaciones globales de defensa de la prensa. ‘Forbidden Stories’ y ‘Reporteros sin Fronteras’ (RSF) han condenado lo que consideran un patrón de eliminación de la información. El director ejecutivo de la primera, Laurent Richard, ha señalado que “el Ejército israelí participa en la desinformación sobre los periodistas para sugerir que todos los que operan en Gaza son agentes de Hamás”.
A pesar de las contundentes críticas, Israel mantiene su posición oficial. Tras un ataque reciente a un hospital en el sur de Gaza que causó la muerte de cinco periodistas, el jefe del Estado Mayor del Ejército ordenó una investigación preliminar y reiteró que “el Ejército no tiene como objetivo en modo alguno a los periodistas como tales”. Sin embargo, los grupos de derechos humanos insisten en que la militarización de la información y la restricción del acceso a la Franja de Gaza para los periodistas extranjeros son parte de un plan más amplio para controlar la narrativa del conflicto. Como indicó Richard, “cuando un país niega el acceso a los periodistas extranjeros en una zona de guerra, plantea un grave problema democrático en lo que respecta al acceso a la información”.
En el fondo, la situación es un reflejo de una guerra en la que la verdad se ha convertido en una de las mayores víctimas. La campaña para deslegitimar a los periodistas no solo atenta contra su vida, sino que socava el derecho fundamental del público a recibir información imparcial y completa.
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