Un entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad sacude al gobierno de Javier Milei a semanas de elecciones clave. La filtración de audios secretos desató la caída de funcionarios, allanamientos millonarios y la exposición de una red en la que se mezclan negocios, poder político y la influencia de los Menem.
La luz se encendió inesperadamente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, cuando un audio clandestino comenzó a circular en círculos políticos y judiciales. Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y figura de confianza en el entorno presidencial, revelaba un sistema oscuro de cobranzas ilegales que ascendían hasta un ocho por ciento en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. “Se llevan de medio palo para arriba por mes”, afirmó en esa conversación que sembró la alarma y propició la crisis más difícil que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
Las repercusiones no tardaron en llegar. El juez Sebastián Casanello ordenó una cadena de allanamientos que se extendió desde la sede de ANDIS hasta la droguería Suizo Argentina, una empresa que, bajo la dirección de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovaliker, acaparaba cientos de miles de millones del presupuesto estatal sin licitación abierta. Entre las viviendas allanadas, destacaba una casa en el exclusivo barrio de Nordelta, donde se encontró una suma millonaria en dólares y pesos, en sobres que ofrecen una prueba material del entramado corrupto.
Pero las piezas de este tablero van más allá del dinero y las coimas. En el ojo del huracán está Eduardo “Lule” Menem, hermano del expresidente Carlos Saúl Menem y subsecretario dentro de la Secretaría General de la Presidencia. Mano derecha de Karina Milei, la secretaria general y hermana del mandatario, “Lule” es una figura que representa la permanencia y la influencia de un clan que ha tejido poder durante décadas. Junto a él, su hijo Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, heredero de ese legado familiar y con peso propio en la política argentina, aparece mencionado por su vínculo particular con la empresa Suizo Argentina, aunque ha negado cualquier nexo con las irregularidades judicializadas.
El periodista Carlos Pagni aludió en su programa a que esta pronto a salir un video que muestra “Lule” Menem conduciendo un auto de alta gama vinculado a los Kovaliker, imagen que de ser real, sería una patada indigerible para el gobierno, profundizando sobre la inquietud de la población en cómo el poder económico y político se entrelaza. La defensa de los Menem no se hizo esperar. Martín negó la autenticidad del video y calificó las acusaciones como parte de una operación política destinada a desprestigiar, especialmente en el contexto de una campaña electoral que para el oficialismo era ya un desafío por sí misma.
Pero la corrupción no es el único frente abierto. Actualmente el oficialismo se enfrenta a un gobierno fragmentado al que le esta costando pagar la factura de una repartija de poder cuestionable. Karina Milei desplazó al PRO, aliado tradicional, en el reparto de candidaturas y cargos, desatando una rebelión interna que llevó a una inédita fractura política con gobernadores y legisladores. Esta división no sólo debilitó la estabilidad política, sino que también frenó la aprobación de leyes clave, poniendo en jaque la gobernabilidad del Ejecutivo en un momento crucial.
En medio de este contexto, emergen los testimonios que involucrarían al ministro Federico Sturzenegger, acusado en los audios de haber impulsado recortes en auditorías y controles internos en ANDIS, lo que supuestamente facilitó que creciera el entramado corrupto bajo sombra oficial. La respuesta del Ejecutivo, que incluyó la destitución de Spagnuolo y la intervención del organismo, fue calificada por algunos sectores como un gesto insuficiente ante la magnitud de la crisis.
Mientras la Justicia continúa profundizando la investigación, secuestrando teléfonos, documentos y dinero, y citando a declarar a los involucrados, el impacto político se traduce en una caída de la imagen presidencial y una creciente presión desde la sociedad y la clase política para que se esclarezcan los hechos. Este caso de corrupción, marca un antes y un después, visibilizando las sombras que aún persisten en los organismos públicos y la compleja relación entre poder, la familia y los negociados en Argentina, frente a un gobierno que no solo adjudicaba “no hay plata”, sino que venía a terminar con “los curritos del estado”.
El relato no está cerrado: cada nuevo dato, cada nueva pieza de evidencia puede dar vuelta el tablero, pero lo cierto es que tras la cortina de esta crisis se expone una trama donde la vieja influencia de un clan político y las debilidades de un gobierno joven chocan, generando un impacto profundo en la institucionalidad y confianza pública.
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