La militarización de la educación de Nayib Bukele en El Salvador avanza con el nombramiento de una ministra militar. Las nuevas medidas, que incluyen códigos de conducta estrictos, han sido criticadas por organismos de derechos humanos. El gobierno las presenta como parte de su guerra contra las pandillas.
El gobierno de Nayib Bukele ha abierto un nuevo frente en su “guerra contra las pandillas”, llevando el control y la disciplina militar a las aulas de El Salvador. El anuncio de la militarización de la educación se concretó con el nombramiento de la capitana Karla Trigueros como ministra del ramo, una decisión que ha generado una ola de especulaciones y reacciones en todo el país. La primera orden de la nueva ministra no se hizo esperar: a partir de ahora, los estudiantes deben asistir a clases con el uniforme impecable, con un corte de cabello estricto y deben usar modales como “gracias” y “por favor” en sus interacciones con los adultos, publicado en El País.
La noticia ha desatado una respuesta masiva de la población. Las redes sociales se han llenado de videos y de anécdotas de padres de familia llevando a sus hijos a peluquerías para cumplir con el estricto código de vestimenta. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta medida. La organización de derechos humanos Cristosal ha denunciado la situación a través de su director, Noah Bullock, quien afirmó que, si bien se presenta como una medida contra las pandillas, la militarización de la educación podría ser un peligroso retroceso para los derechos humanos. “Parece que el presidente Bukele no teme repetir” los abusos de los gobiernos militares del pasado, declaró Bullock.
La militarización de la educación en El Salvador no es un hecho aislado, sino que forma parte de una narrativa más amplia construida por el gobierno de Bukele. Desde abril de 2024, se ha instruido a los directores de las escuelas a fichar a los estudiantes que muestren “conductas antisociales”. Esta política ha derivado en una serie de detenciones de menores sin pruebas contundentes. Un ejemplo de esto fue el de Anthony C., un joven de 17 años que fue enviado a prisión por tener en sus cuadernos “dibujos alusivos a la pandilla MS-13”. En junio, las autoridades detuvieron a 48 alumnos de al menos cinco instituciones públicas por intentar, supuestamente, conformar una pandilla, sin que se presentaran pruebas que sostuvieran la acusación. Las detenciones, que no son una excepción, sino una norma en la “guerra contra las pandillas”, han sido denunciadas por organismos defensores de los derechos humanos como injustificadas, y han dejado a miles de personas en prisión sin una condena formal.
A este clima de miedo, se suma el temor de los docentes a ser despedidos si no hacen cumplir las nuevas normas. Un profesor del municipio de Cuscatlán, que prefirió mantener su anonimato, afirmó que las medidas podrían aumentar la disciplina, pero no consideraba necesaria la presencia de una militar al frente del ministerio. El profesor expresó su temor de que “ahora la educación va a ser bajo amenaza, bajo la bota militar”, mientras que el director de un centro escolar en el occidente del país señaló que es difícil para los niños de su escuela llegar “limpios” debido a las condiciones de las calles.
La designación de la capitana Trigueros al frente del ministerio de Educación es un reflejo del creciente militarismo en el gobierno de Bukele. Desde su llegada al poder, el presidente ha utilizado a las fuerzas armadas para una variedad de tareas que van más allá de la seguridad pública: desde la distribución de paquetes con alimentos y el manejo de autobuses de transporte colectivo hasta la toma de la Asamblea Legislativa y el combate a una plaga de langostas. Esta tendencia, que se ha acentuado en los últimos años, ha llevado a la aprobación de reformas al Código Penal que permiten mantener a los detenidos bajo el “régimen de excepción” en prisión por dos años más sin ser condenados, una situación que ha sido denunciada por organismos internacionales como una violación al debido proceso y a los derechos humanos.
En un país donde el acceso a la información y el derecho a la protesta se han visto limitados, la militarización de la educación es un paso más en la consolidación de un poder que busca controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Los defensores de los derechos humanos temen que esta política, lejos de erradicar a las pandillas, genere un clima de miedo y de desconfianza en las instituciones, lo que podría tener consecuencias nefastas para el futuro del país.
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