El Consejo Interuniversitario Nacional en el 94º plenario, convocó a una nueva marcha federal si el presidente Javier Milei veta la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. El sector alerta por el impacto en el presupuesto y la educación pública.
El Congreso sancionó recientemente una ley que incrementa los fondos para las universidades nacionales y fija una recomposición salarial para docentes y no docentes, ajustada a la inflación acumulada de 2023 y 2024. Sin embargo, el presidente Milei anticipó que vetará esta norma debido a la falta de una fuente clara de financiamiento y al presunto impacto negativo en la política fiscal del país.
El veto presidencial fue formalizado mediante el Decreto 879/2024, donde se argumenta que la ley genera un gasto adicional aproximado de $ 811.569 millones de pesos y que incumple los requisitos legales esenciales para la aprobación de gastos públicos. Además, se menciona que la norma afecta objetivos económicos fundamentales del Gobierno nacional.
Esta no es la primera vez que Milei bloquea una iniciativa similar; el veto en cuestión repite la situación del año pasado, cuando la ley fue promulgada y vetada por motivos parecidos.
La comunidad universitaria, en pleno acuerdo entre rectores, gremios y estudiantes, definió que la nueva marcha federal tendrá lugar entre el 17 y 24 de septiembre, coincidiendo con posibles sesiones en la Cámara de Diputados para debatir el veto presidencial. Las manifestaciones anteriores, una el 23 de abril y otra el 2 de octubre, no lograron evitar el veto, pero mostraron un amplio respaldo social a la demanda de financiamiento para la educación superior.
El panorama político se complica porque, aunque el Senado otorgó un fuerte respaldo legislativo a la ley, el oficialismo mantiene firme su rechazo, cuestionando la sostenibilidad del gasto universitario y cuestionando el impacto económico de la norma en el contexto de la política de “déficit cero”.
Este conflicto pone en el centro un debate sobre el futuro de la educación pública en Argentina y la viabilidad económica de los compromisos asumidos, con fuertes expectativas sobre la capacidad del Congreso para superar el veto presidencial y garantizar la estabilidad financiera del sistema universitario.
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