La condena a Aníbal Lotocki por lesiones graves y estafa no incluye la muerte de Silvina Luna, generando un fuerte debate público y cuestionamientos sobre la justicia en casos de mala praxis estética.
La condena a Aníbal Lotocki por lesiones graves y estafa no incluye la muerte de Silvina Luna, generando un fuerte debate público y cuestionamientos sobre la justicia en casos de mala praxis estética.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación confirmó la condena a ocho años de prisión contra el cirujano plástico Aníbal Lotocki por lesiones graves y estafa cometidas contra cuatro mujeres, entre ellas Silvina Luna. Sin embargo, el fallo judicial no contempla la muerte de la actriz como parte del proceso penal, un hecho que ha despertado una fuerte controversia meses después del fallecimiento.
El origen del caso se remonta a intervenciones estéticas en las que Lotocki utilizó un producto de relleno con microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en cantidades y zonas no recomendadas, generando granulomas en las pacientes afectados.
Según el juez Carlos Rengel Mirat, el médico ocultó información esencial sobre los riesgos asociados a este tratamiento, constituyendo un incumplimiento grave de sus deberes profesionales y configurando un delito de estafa.
La ampliación de la pena por parte de la Cámara de Casación, que duplicó la condena inicial de cuatro a ocho años y extendió la inhabilitación para ejercer la medicina a diez años, se fundamentó en la corroboración de pruebas testimoniales, especialmente en el caso de Gabriela Trenchi, quien explicó que la operación realizada no correspondía a la acordada, evidenciando una manipulación y engaño por parte de Lotocki.
No obstante, la dimensión más sensible reside en el hecho de que la condena judicial no incluya la muerte de Silvina Luna, ocurrida tras complicaciones derivadas de la aplicación del producto. Fuentes judiciales indican que la exclusión responde a la falta de evidencia concluyente que vincule directamente la actuación del médico con el deceso, situación que ha generado un amplio rechazo público y cuestionamientos sobre la efectividad y alcance de la justicia en casos relacionados con la medicina estética.
Paralelamente, la demolición de la clínica de Lotocki, donde se realizaron diversas intervenciones, pone en relieve el efecto simbólico de la causa, marcando un precedente visible para el sector y la sociedad sobre la gravedad de las prácticas reconocidas como negligentes y fraudulentas en tratamientos estéticos.
El caso sigue abierto en otros frentes legales, ya que Lotocki enfrenta un juicio por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de otro paciente, lo que amplía el debate sobre la responsabilidad médica y la regulación de las cirugías estéticas en Argentina.
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