El gobierno considera un éxito la censura judicial de los audios de la ANDIS, ya que desvió la atención del escándalo de corrupción. La Casa Rosada eligió ser criticada por atacar la libertad de expresión antes que por las acusaciones de sobornos.
El gobierno considera un éxito la censura judicial de los audios de la ANDIS, ya que desvió la atención del escándalo de corrupción. La Casa Rosada eligió ser criticada por atacar la libertad de expresión antes que por las acusaciones de sobornos.
El gobierno de Javier Milei se encuentra en el centro de una tormenta política, pero ha optado por una estrategia de comunicación que ha sorprendido a propios y extraños. Tras la obtención de una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios que salpican a la cúpula del poder, el gobierno no celebra la censura como tal, sino como una victoria táctica. La lógica de la Casa Rosada es que la controversia sobre la libertad de expresión ha logrado desviar la atención del verdadero problema: el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Estamos hablando de eso y no estamos hablando de lo otro, ¿no?”, se escuchó decir con satisfacción en el círculo más cercano al presidente, en una muestra de que la estrategia de distracción ha sido un éxito, al menos en su fase inicial. La preocupación por las acusaciones de sobornos se había convertido en desesperación en las últimas semanas, especialmente tras la aparición de nuevas grabaciones que comprometían la imagen de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. El gobierno, que al principio del escándalo había adoptado una postura de dejar “que actúe la Justicia”, rápidamente cambió de estrategia y pasó a una ofensiva legal contra el exfuncionario Diego Spagnuolo y contra los medios que difundieron los audios.
La decisión de avanzar contra la prensa, admiten en la Casa Rosada, es prácticamente “inservible”, ya que los audios ya circulan sin control en las redes sociales. No obstante, el objetivo nunca fue el de una censura efectiva, sino el de cambiar la agenda de discusión en la previa de las elecciones bonaerenses. El gobierno eligió ser criticado por atacar la libertad de prensa, un tema que, según sus asesores, “a nadie le importa”, antes que ser señalado por corrupción. “No es óptimo, pero es lo que hay”, aseguró con resignación una fuente del gobierno, que refleja la sensación de que el oficialismo se vio forzado a sacrificar uno de sus principios fundacionales para salir de la crisis.
La jugada, sin embargo, no está exenta de riesgos. La controversia por los sobornos en la droguería Suizo Argentina no va a desaparecer, y aunque el gobierno cree que el caso no afectará la intención de voto de sus seguidores, sí temen que se produzca un descenso en la participación, un escenario que, según sus proyecciones, beneficiaría al kirchnerismo de Axel Kicillof. Por ello, figuras como Patricia Bullrich y Manuel Adorni han intensificado su campaña en la previa del cierre electoral, pidiendo a la gente que vaya a votar con la consigna de que “cada voto cuenta”.
La crisis por los audios no es la única que enfrenta el gobierno. La decisión de ir a la Justicia y de usar la censura para contener un escándalo se produce en un contexto de gran fragilidad. A la investigación por las coimas en la ANDIS se suma el caso de la criptomoneda $LIBRA, que también salpica a la cúpula del gobierno. De hecho, la comisión investigadora de Diputados que se formó para indagar el caso aprobó un reglamento que faculta a los jueces a usar la fuerza pública para obligar a los funcionarios a declarar, y volvió a citar a Karina Milei, Guillermo Francos y Manuel Adorni.
El viaje del presidente a Estados Unidos, que coincidía con un show de su expareja Fátima Flórez, también fue parte de la estrategia. La Casa Rosada, consciente de que el horno no está para bollos, decidió modificar la agenda de Milei para evitar una foto que podría haber sido utilizada por la oposición como una distracción de los problemas reales.
En este complejo escenario, el gobierno parece estar dispuesto a sacrificar su bandera de la libertad para protegerse de las acusaciones de corrupción. Un colaborador nacional, con un grado de ironía, resumió la situación: “No podemos decir mucho porque es un asunto sensible que puede afectar la seguridad nacional”. Esta frase, que suena a chiste, refleja la gravedad de una crisis que ha llevado al gobierno a tomar decisiones desesperadas para mantenerse a flote.
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