Un tribunal federal de San Francisco condenó a Google a pagar 425 millones de dólares por recopilar datos personales de casi 100 millones de usuarios sin su consentimiento, según confirmaron fuentes judiciales esta semana.
Un tribunal federal de San Francisco condenó a Google a pagar 425 millones de dólares por recopilar datos personales de casi 100 millones de usuarios sin su consentimiento, según confirmaron fuentes judiciales esta semana.
La demanda colectiva, iniciada en 2020, acusó a la empresa de tecnología de seguir recolectando información incluso después de que los usuarios desactivaran explícitamente el rastreo en sus dispositivos móviles. La recopilación de datos se realizó a través de aplicaciones de terceros, como Uber o Instagram, que transferían información a Google sin la autorización necesaria.
Los abogados de los demandantes alegaron que estas prácticas constituyen una “interceptación ilegal” de la actividad privada de los consumidores en sus teléfonos inteligentes. En defensa, Google sostuvo que los usuarios aceptan la transferencia de datos al aceptar los términos de servicio y que la recopilación era necesaria para mantener el rendimiento y seguridad del sistema operativo Android.
El jurado determinó que la empresa violó la privacidad de los usuarios al mantener la recolección activa, imponiendo la multa más alta hasta ahora en un caso de este tipo en Estados Unidos. Esta resolución llega en un contexto de creciente escrutinio global sobre la gestión de datos personales por parte de grandes compañías tecnológicas.
La condena representa un precedente en la protección de la privacidad digital, aunque Google adelantó que apelará la sentencia. Este caso coincide además con sanciones recientes en Europa, donde la empresa también enfrenta multas por prácticas similares de publicidad sin consentimiento.
Esta sentencia marca un hito en la regulación del uso de datos personales por parte de grandes empresas tecnológicas y será seguido con atención por reguladores, usuarios y el sector privado a nivel global. Nuevas decisiones en esta materia podrían redefinir las prácticas de privacidad digital y la responsabilidad corporativa en los próximos años. La evolución del debate continúa y su desarrollo impactará importantes aspectos del entorno digital y la confianza del consumidor
La Justicia federal investiga a Paola Barritta (ATEPSA) y a la ex funcionaria Gabriela Logatto por presunto fraude contra EANA. Se les acusa de utilizar un acta paritaria inexistente para reclamar judicialmente aumentos millonarios. El expediente analiza si el documento fue fabricado como herramienta de presión política.
La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación.
El oficialismo quiere acelerar la discusión del proyecto.
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Andrés Vázquez fue nombrado titular de ARCA tras la renuncia de Juan Pazo, quien regresa al sector privado. El nuevo director, con amplia experiencia en la DGI y formación en EE. UU. contra el lavado, garantiza la continuidad de las reformas fiscales del Gobierno.
Diputados sesionará este miércoles para tratar el Presupuesto 2026 y las leyes de Inocencia Fiscal y Estabilidad Monetaria. El oficialismo busca dictaminar hoy mismo, ratificando acuerdos previos para lograr la media sanción sin comprometer el objetivo irrenunciable del equilibrio fiscal.
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La familia Agnelli negocia la venta de La Repubblica y La Stampa al magnate griego Theodore Kyriakou por 140 millones de euros. Los 1.300 empleados temen por sus puestos y la independencia editorial ante el perfil conservador del nuevo dueño.
