La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la prohibición judicial que impide la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. La organización alertó sobre un precedente peligroso para la libertad de expresión y el acceso a la información pública, denunciando que la medida fomenta la censura previa y la autocensura en medios y redes.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, señaló que esta prohibición vulnera el derecho de la sociedad a estar informada y establece un precedente peligroso para la democracia, ya que impide que periodistas, medios y ciudadanos compartan o debatan sobre asuntos de interés público. Dutriz destacó que la medida alcanza incluso a redes sociales y plataformas digitales, generando un efecto de autocensura.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, afirmó que ante posibles dudas sobre la autenticidad de los audios corresponde investigar su origen o establecer responsabilidades posteriores, pero criticó que se bloquee preventivamente su difusión. Resaltó que la transparencia y el debate público sobre actos de funcionarios son pilares esenciales de la democracia y que corresponde garantizar el acceso de la sociedad a esta información.
La SIP también condenó el pedido del Ministerio de Seguridad de Argentina para allanar el streaming Carnaval y las residencias de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, vinculados con la difusión de estos audios. La organización recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente la censura previa.
Agrupaciones locales como ADEPA y FOPEA rechazaron enérgicamente esta medida judicial, sosteniendo que, en todo caso, los periodistas están sujetos a responsabilidades civiles y penales posteriores derivadas del ejercicio pleno de la libertad de expresión, pero no a censura anticipada.
Esta controversia se enmarca en la investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un contexto político sensible y próximo a las elecciones legislativas nacionales.
El presidente Javier Milei sostiene que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y forman parte de un plan para desestabilizar su gobierno, aunque se prioriza garantizar el derecho a la información a la ciudadanía, según la SIP.
La voz femenina principal de La Banda de Carlitos será la encargada de cantar el Himno Nacional en el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina en el estadio Monumental, en una jornada animada por el cuarteto.
Después de casi dos años sin contacto y una denuncia por sustracción, Herman Krause podrá retomar encuentros presenciales y virtuales con sus hijos en Sao Paulo, conforme fallo judicial brasileño.
El exentrenador José Pekerman eligió a Franco Mastantuono como el futbolista llamado a tomar la posta de Lionel Messi, destacando su talento y proyección en el equipo nacional.
El festival se realizará el 14 y 15 de febrero en Córdoba, con una grilla que incluye clásicos nacionales, emergentes y figuras internacionales como Franz Ferdinand y The Chemical Brothers.
El Senado rechaza el veto presidencial de Javier Milei y da sanción a la Ley de emergencia en discapacidad. La oposición unida busca proteger los derechos de más de seis millones de personas afectadas y limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el armador político Sebastián Pareja guardan silencio ante la evidente presencia de barrabravas en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. La falta de explicaciones genera polémica y cuestiona la coherencia de la lucha contra la violencia que tanto pregonan.
Productores tabacaleros de Jujuy denunciaron haber sido engañados para firmar documentos que luego usaron el diputado Manuel Quintar y su operador Pablo Sánchez para pedir la intervención de la cooperativa. Los tabacaleros aseguran que sus firmas fueron manipuladas con fines políticos, generando un conflicto que pone en riesgo la actividad y la unidad del sector.
Senadores de Unión por la Patria reclamaron en la Cámara alta que la ministra de Seguridad enfrente un juicio político por su denuncia que buscó allanar a periodistas para frenar la difusión de audios vinculados a presuntas coimas. Además, pidieron que la secretaria general de la Presidencia Karina Milei rinda cuentas sobre la denuncia.
