El gobierno de Nicolás Maduro lanzó una ofensiva militar y de propaganda para contrarrestar las acusaciones de EE.UU. sobre narcotráfico. El régimen chavista desplegó a 25.000 soldados en la frontera, calificando la presión de Washington como una estrategia para apoderarse de los recursos de Venezuela.
En medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro ha lanzado una campaña de comunicación para demostrarle al mundo que combate activamente el narcotráfico. El régimen chavista ha utilizado su maquinaria de propaganda para publicitar operativos militares en las zonas fronterizas y costeras del país, en una clara respuesta a las acusaciones de la administración de Donald Trump de que Venezuela es un narcoestado.
La ofensiva comunicacional del gobierno venezolano corre aparejada de una vigorosa campaña nacionalista, con llamados en televisión y radio a la población a alistarse para defender la “dignidad nacional”. El presidente Maduro ha ordenado el despliegue de 25,000 soldados en las fronteras, con el objetivo de “comprobar la no existencia de cultivos ilícitos” y “bloquear la zona de posible narcotráfico”. Las maniobras militares, según las autoridades de Caracas, son una respuesta a la flota de buques de guerra que Washington ha desplegado en el mar Caribe.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, han salido en defensa del gobierno, con conferencias de prensa y declaraciones en las que aseguran que en Venezuela “no se producen ni se trafican drogas” y que el supuesto “Cártel de los Soles” no existe. Rodríguez ha criticado la “hipocresía y doble moral” de Washington, al afirmar que el 85% de las ganancias del narcotráfico se lavan en el sistema financiero estadounidense.
Por su parte, Padrino López ha denunciado que la amenaza militar de Estados Unidos no tiene como objetivo combatir el narcotráfico, sino “desestabilizar desde dentro” a la nación y “forzar un cambio de régimen”. El gobierno, en este sentido, ha calificado las acciones de Washington como una “operación de guerra psicológica” para debilitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la población. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se ha sumado a la narrativa, y ha prometido que “la historia la vamos a contar nosotros, no ellos”.
La ofensiva de Maduro se produce en un momento de gran fragilidad política para el régimen. El presidente nunca ha mostrado las actas que certifican su victoria en las elecciones, mientras que la oposición ha publicado las suyas, validadas por la OEA y el Centro Carter, que le dan un triunfo abrumador. Esta falta de legitimidad en el plano electoral es un punto débil que el gobierno intenta ocultar con una retórica nacionalista y un despliegue militar que, para muchos, es una puesta en escena.
El País analiza la situación como una estrategia del gobierno venezolano para “alinear la interpretación sobre su presencia en el poder con la promoción de los valores nacionales”. Las denuncias de Maduro sobre los supuestos intereses económicos de Washington, que según él busca apoderarse de las reservas de petróleo y gas del país, son un intento de desviar la atención de los problemas internos y de unir a la población en contra de un enemigo externo.
La situación en Venezuela es un reflejo de una profunda división política y de un conflicto que ha entrado en una fase más peligrosa. El despliegue de las fuerzas armadas y la movilización de la milicia, lejos de ser una simple defensa de la soberanía nacional, es un acto político con el que el gobierno busca consolidar su poder y disuadir a la oposición.
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