Tras la aprobacion amplia en el Congreso, la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio reclaman la inmediata reglamentación de la ley. El presidente Javier Milei mantiene la incertidumbre y sectores docentes ya anuncian medidas de fuerza en caso de un veto.
Mañana vence el plazo para que el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, defina si veta o promulga la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el pasado 22 de agosto por el Congreso Nacional con amplia mayoría. La normativa garantiza la actualización automática de fondos públicos destinados a salarios, infraestructura, becas y el fortalecimiento académico, marcando un aumento gradual del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del Producto Bruto Interno en 2031.
La comunidad universitaria atraviesa un clima de alta expectativa y preocupación. La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto a todos los decanos de sus facultades, el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, difundieron un video y un comunicado donde exhortan al Poder Ejecutivo a reglamentar lo antes posible la ley, subrayando la urgencia para mantener el buen funcionamiento y las condiciones laborales.
“Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones, que puedan quedarse y que puedan seguir enseñando”, afirmaron las autoridades universitarias. Desde marzo, la UBA declaró la emergencia salarial, alertando sobre la pérdida cercana al 50% del poder adquisitivo de los docentes y el impacto negativo en la educación pública.
El posible veto de Milei genera una fuerte oposición de gremios docentes y sindicatos universitarios, que ya advirtieron la convocatoria a paros y movilizaciones en caso de que se confirme la medida presidencial. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional y una nueva marcha federal para presionar el rechazo legislativo al veto.
El contexto político y económico actual, marcado por las políticas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno, agrava la situación y ha tenido consecuencias en áreas como salud, discapacidad y jubilaciones, además de la educación superior. El descontento social y las recientes derrotas electorales representan una presión adicional para la administración de Milei.
Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las principales autoridades de las universidades nacionales reclamaron no solo la reglamentación de la ley, sino también la pronta presentación del proyecto de presupuesto universitario 2026, que incluiría la actualización de partidas para salarios, programas y gastos operativos.
El escenario vuelve a estar abierto a la incertidumbre, con una comunidad universitaria movilizada y expectante frente a la decisión que tome el Ejecutivo, en un momento crucial para el futuro de la educación pública argentina.
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