La Justicia avanza con el decomiso de bienes que la ex presidenta incorporó entre 2003 y 2015 para resarcir los 684 mil millones de pesos fijados como penalidad. Este jueves se realizará en la Cámara de Casación una audiencia clave por el tema.
La Justicia avanza con el decomiso de bienes que la ex presidenta incorporó entre 2003 y 2015 para resarcir los 684 mil millones de pesos fijados como penalidad. Este jueves se realizará en la Cámara de Casación una audiencia clave por el tema.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, está avanzando en el decomiso de bienes en la causa que condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La medida busca recuperar bienes vinculados a la maniobra delictiva y cubrir los 684.990 millones de pesos que aumentaron la sanción penal original.
Entre los bienes que pueden ser decomisados figuran cuatro hoteles emblemáticos ubicados en El Calafate, como el Hotel Alto Calafate y el Hotel Los Sauces, que actualmente permanecen cerrados y abandonados. También está incluido el departamento de San José 1111, propiedad de Los Sauces SA, la inmobiliaria familiar, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.
Asimismo, la Justicia mantiene bajo custodia y análisis los 4,6 millones de dólares que fueron hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner durante un allanamiento en 2016. Ese dinero está vinculado a la ventana temporal de la investigación (2003-2015) y podría formar parte de los bienes decomisables.
La fiscalía a cargo, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, trabaja en la individualización detallada de los bienes para ejecutar la sentencia, revisando documentación patrimonial, contratos y movimientos financieros relacionados con la familia Kirchner y sus empresas.
La audiencia fijada para este jueves en la Sala IV de la Cámara de Casación será crucial para decidir si se mantiene o actualiza el monto del decomiso. Mientras tanto, la ex presidenta y su defensa continúan cuestionando judicialmente la legitimidad y el cálculo de la sanción, alegando que muchos bienes fueron adquiridos legítimamente y en fechas anteriores a la maniobra delictiva.
El proceso judicial se encuentra en una fase que podría culminar con el embargo y eventual remate de propiedades, cuentas bancarias y otros activos. El decomiso representa además una sanción accesoria que busca hacer efectiva la reparación del daño social causado por la corrupción.
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