El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley que aprobaba una suba de fondos para las universidades nacionales. La normativa, impulsada por la oposición, volverá ahora al Congreso, que deberá decidir si insiste con el proyecto.
El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley que aprobaba una suba de fondos para las universidades nacionales. La normativa, impulsada por la oposición, volverá ahora al Congreso, que deberá decidir si insiste con el proyecto.
El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que establecía la actualización automática por inflación de los fondos destinados a salarios y funcionamiento de universidades nacionales, hospitales universitarios y actividades de investigación. La iniciativa también habilitaba la reapertura de paritarias para docentes y personal no docente, y buscaba aumentar las becas estudiantiles.
El presidente Javier Milei justificó el veto argumentando que la ley implicaba un costo fiscal insostenible, estimado en más de un billón de pesos para el presupuesto de 2025, sin identificar fuentes de financiamiento claras ni partidas específicas para cubrir ese gasto, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige la especificación de recursos concretos para nuevos gastos.
A pesar de haber contado con amplia mayoría en el Congreso para su aprobación —158 votos a favor en Diputados y 58 en el Senado—, la ley no alcanzó los dos tercios necesarios para impedir un veto presidencial, por lo que la oposición estudia convocar a una sesión especial para intentar revertir la medida.
La comunidad universitaria y los gremios docentes expresaron su rechazo al veto y advirtieron sobre el riesgo que implica para la calidad educativa, las condiciones salariales y la continuidad del sistema público. En la Ciudad de Buenos Aires, docentes brindaron clases públicas en Plaza de Mayo y convocaron a movilizaciones bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”.
El contexto del veto se inscribe en una política de ajuste fiscal promovida por el gobierno de Milei, que también ha impactado en áreas como salud pública y financiación de emergencia pediátrica. Esto ha generado tensiones con sectores sociales y políticos que defienden la inversión en educación y ciencia para el desarrollo nacional.
De confirmarse el veto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional como medida de protesta inmediata, junto a movilizaciones federales que buscarán presionar al Congreso para insistir en la sanción de la ley con la mayoría calificada. Este escenario anticipa un debate parlamentario y social intenso en las próximas semanas.
El desenlace de esta controversia tendrá implicancias importantes en el futuro del financiamiento educativo en Argentina, en medio de un contexto de ajuste fiscal y reclamos por la defensa de la universidad pública y los derechos laborales asociados. La decisión final del Congreso y la presión social definirán el rumbo de esta discusión que pone en tensión prioridades económicas y sociales.
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