El gobierno designó a Nicolás Dapena Fernández como director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero el funcionario renunció 15 horas después. El motivo fue la “incompatibilidad” con su consultoría privada, un hecho que expone las dificultades de la gestión.
En un hecho que expuso las dificultades que enfrenta la gestión pública, un funcionario designado en un cargo clave de la Secretaría de Transporte renunció antes de asumir. Nicolás Dapena Fernández había sido nombrado el miércoles como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), pero 15 horas después, decidió dejar el puesto, alegando “incompatibilidad” con su trabajo como consultor.
La designación de Dapena, publicada en el Boletín Oficial, duró menos de un día. El funcionario utilizó la red social LinkedIn para comunicar su decisión, donde explicó: “Desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos los buenos deseos”.
Fuentes oficiales explicaron que la renuncia de Dapena se debe a una combinación de factores. Por un lado, la complejidad de la gestión pública, que, a su juicio, puede resultar “compleja” para quienes no tienen experiencia. Por otro lado, la diferencia entre el salario de un funcionario y el de un consultor privado, que en este caso habría sido un factor determinante. “Los sueldos del director ejecutivo son bajos y se dio cuenta de que con su trabajo de consultoría externa no iba a dar abasto. Fue una decisión personal”, afirmaron las fuentes.
El nombramiento de Dapena se produjo en un contexto de reorganización del gobierno. El presidente Javier Milei, tras el rechazo del Congreso a los decretos delegados que le otorgaban facultades para eliminar organismos públicos, se vio obligado a restituir varias dependencias, entre ellas la ANSV. La decisión de la oposición de revertir la eliminación de organismos descentralizados como Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) obligó al gobierno a rearmar sus estructuras y a contratar nuevo personal, en un proceso que ha expuesto la fragilidad de la gestión en la administración pública.
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