La Justicia de San Isidro imputó formalmente a la jueza Julieta Makintach por delitos graves en el marco de la investigación sobre su participación en el documental audiovisual sobre el juicio anulado por la muerte de Diego Maradona, titulado Justicia Divina. La magistrada, que estuvo suspendida preventivamente, enfrenta cargos por cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Según el escrito presentado por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, existe evidencia suficiente de que Makintach “aceptó la propuesta comercial de su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, para hacer Justicia Divina bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros directos”. El documento detalla que la jueza “promovió y participó personalmente en el proyecto audiovisual, utilizando recursos públicos para fines privados”, comprometiendo así la imparcialidad y la dignidad de la función judicial.
Los fiscales también señalan que la magistrada “promovió y participó en el documental, ya sea por inversiones de terceros o regalías por imagen”, y que su accionar “afecta de modo directo la dignidad, independencia e imparcialidad de la función judicial, constituyendo causal autónoma de enjuiciamiento y eventual remoción”.
En paralelo, el abogado Fernando Burlando, representante de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, apoyó el pedido fiscal y solicitó que se la destituyera y que llegue a juicio político. Burlando argumentó que “la magistrada promovió y protagonizó un emprendimiento audiovisual comercial utilizando su cargo y recursos públicos, lo que configura cohecho pasivo y otros delitos” y que “las acciones de la jueza provocaron la nulidad del proceso penal principal, generando dilaciones y revictimización para las hijas de Maradona”.
La jueza Makintach también enfrenta el reclamo del Procurador bonaerense Julio Conte Grand, que acercó la denuncia para impulsar el juicio político, lo que la deja al borde de la destitución.
Este caso ha tenido un impacto profundo en la justicia argentina, abriendo un debate sobre los límites éticos de los funcionarios judiciales y la relación con producciones comerciales que involucran procesos judiciales.