La crítica situación que atraviesan la educación y la salud públicas en Argentina encuentra un nuevo capítulo de tensión tras los vetos presidenciales a dos leyes clave: la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, esta última destinada a proteger y fortalecer al Hospital Garrahan, uno de los centros de referencia nacional.
En respuesta, trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan, junto a estudiantes, docentes y agrupaciones universitarias convocaron a una marcha nacional para este viernes 12 de septiembre, con el fin de expresar el rechazo contundente a los vetos firmados por el presidente Javier Milei. Para los convocantes, las decisiones oficiales ponen en peligro no solo la estabilidad económica del sistema sanitario y educativo, sino también el futuro de miles de familias que dependen de estos servicios públicos esenciales.
La ley de financiamiento universitario, que había sido aprobada con una amplia mayoría en el Congreso, contemplaba la actualización automática de los gastos de funcionamiento por inflación, la reapertura de paritarias para recomponer salarios de docentes y no docentes, y un aumento de las becas estudiantiles. Sin embargo, el gobierno consideró que el costo fiscal era insostenible y que la propuesta no especificaba fuentes claras de financiamiento, argumentos que llevaron al veto.
Por otro lado, la ley de emergencia pediátrica, sancionada por el Senado, pretendía declarar la emergencia sanitaria en salud pediátrica y garantizar recursos prioritarios para el Hospital Garrahan, incluyendo mejoras salariales y la continuidad de programas críticos. El veto presidencial a esta norma desató la alarma en el sector de la salud pública, que advierte una crisis profunda en uno de los centros pediátricos más importantes del país.
Además, los sindicatos docentes confirmaron un paro nacional universitario para acompañar la movilización, mientras que los trabajadores del Garrahan preparan medidas de acción directa para reclamar una pronta respuesta.
Esta nueva escalada en el conflicto se da en un contexto político delicado, con el gobierno enfrentando críticas por una serie de escándalos y por la reciente derrota electoral en Buenos Aires. La Mesa Nacional, creada para mejorar la gestión y el diálogo con las provincias, se encuentra tensionada por estas decisiones que impactan directamente en las políticas sociales y educativas.
Para los sectores movilizados, los vetos presidenciales representan un avance del ajuste sobre derechos conquistados y ponen en riesgo la continuidad de servicios públicos fundamentales para el desarrollo social y la igualdad de oportunidades. La marcha de este viernes será una expresión masiva que buscará poner estas problemáticas en el centro del debate público y exigir soluciones concretas.