Dos exfuncionarios del COE de Córdoba serán juzgados por impedir que Pablo Musse ingresara a la provincia y se despidiera de su hija Solange, fallecida de cáncer durante la pandemia. Este lunes se espera el veredicto del jurado popular.
Dos exfuncionarios del COE de Córdoba serán juzgados por impedir que Pablo Musse ingresara a la provincia y se despidiera de su hija Solange, fallecida de cáncer durante la pandemia. Este lunes se espera el veredicto del jurado popular.
El juicio en Río Cuarto por el caso de Solange Musse, mujer de 35 años que falleció el 21 de agosto de 2020 a causa de un cáncer de mama avanzado, se ha acercado a su conclusión este lunes con las exposiciones finales de las partes y la inminente lectura del veredicto a cargo de un jurado popular.
La causa penal apunta contra dos exfuncionarios del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba: José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del COE local; y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto. Ambos están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en un control sanitario ocurrido en plena cuarentena por la pandemia.
El conflicto se originó el 16 de agosto de 2020, cuando Pablo Musse, padre de Solange, intentó ingresar a Córdoba desde Plottier, Neuquén, para despedirse de su hija enferma terminal. A pesar de contar con los permisos de circulación vigentes, no disponía del test PCR requerido por la provincia, por lo que le realizaron dos test rápidos que inicialmente dieron positivo. Posteriormente, se supo que fueron falsos positivos. La cuñada de Musse, Paola Oviedo, quien tiene una discapacidad motriz y viajaba con él, tampoco pudo ingresar.
Las autoridades sanitarias consideraron que sin un PCR negativo no se podía autorizar el ingreso, y ordenaron que ambos fueran escoltados de regreso a Neuquén sin poder detenerse para descansar ni realizar compras, situación que impidió a Pablo Musse despedirse de su hija, quien murió cinco días después.
Durante el juicio, testigos relevantes brindaron sus testimonios. Entre ellos, el exministro de Salud Diego Cardozo destacó que, en ese momento, Córdoba atravesaba un pico crítico con hasta 70 muertes diarias por COVID-19 y sin disponibilidad de vacunas, por lo que permitir el ingreso de alguien con un test rápido positivo hubiera representado un riesgo epidemiológico significativo. En similares términos, Juan Francisco Ledesma, exdirector del COE central y condenado por abuso sexual, afirmó que sin PCR negativo no podía ingresarse al territorio.
El director del hospital de Río Cuarto, Carlos Roberto Pepe, enfatizó que los protocolos solo preveían flexibilizaciones para emergencias médicas, no para razones humanitarias, y destacó que Musse provenía de una zona de transmisión comunitaria activa, calificada como “zona roja”.
Sin embargo, algunas voces dentro del COE admitieron que se podría haber evaluado la excepción humanitaria, aunque la decisión final fue negar el ingreso. Una sargento del COE de Alta Gracia confirmó que recibir la información sobre la enfermedad terminal de Solange y la discapacidad de Oviedo no alteraba la exigencia del PCR negativo como requisito indispensable.
El fiscal Alejandro Rivero solicitó una condena de un año y medio de prisión condicional para Andrada y Morales, junto con su inhabilitación para ejercer cargos públicos, basándose en que hubo abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales. Las defensas, en contraposición, negaron responsabilidades directas y plantearon falencias en la investigación.
Ahora la decisión dependerá del jurado popular, encargado de determinar si los acusados actuaron conforme a sus atribuciones o si cometieron irregularidades que vulneraron derechos básicos de Pablo Musse y su familia en un contexto marcado por restricciones sanitarias excepcionales.
El caso Solange Musse expone el difícil equilibrio entre las medidas sanitarias estrictas durante la pandemia y la atención a las excepciones humanitarias en situaciones límite. La resolución judicial que se espera promete sentar un antecedente relevante sobre los límites y alcances del ejercicio del poder público en tiempos de crisis sanitaria.
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