Para evitar apagones, el Gobierno permitirá a hogares y comercios vender electricidad al sistema en picos de consumo. La medida, anunciada por la secretaria de Energía, busca mitigar riesgos y gestionar la demanda ante la desinversión en infraestructura.
El gobierno de Argentina está implementando una estrategia para mitigar el riesgo de cortes de luz durante el próximo verano. La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Tettamanti, prepara una resolución que permitirá a hogares y a grandes consumidores comerciales, como shoppings y empresas, vender electricidad al sistema a cambio de una remuneración. La medida busca reducir la demanda en un sistema que ha sufrido años de desinversión y que se encuentra al borde del colapso durante los picos de calor.
El plan de contingencia del gobierno, que se enmarca en un contexto de creciente demanda de energía, se asienta en dos pilares: incentivar inversiones en generación y transporte, y gestionar la demanda mediante “señales de precio”. En su exposición durante la 46ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la secretaria Tettamanti explicó que el problema de los cortes de luz no es todo el verano, sino las “olas de calor muy fuertes” que ocurren a las tres de la tarde, cuando el uso de aires acondicionados satura la red. “Estamos esperando una demanda de potencia máxima levemente superior a la del año pasado. Estamos pensando en 30.700 megawatts de potencia. De eso, un tercio son aires acondicionados”, precisó.
La nueva medida busca modificar el comportamiento de los consumidores. A través de un esquema de subastas, los usuarios que cuenten con dispositivos auxiliares o grupos electrógenos propios podrán ofrecerse para entregar energía en los momentos de máxima demanda. Los que efectivamente aporten electricidad al sistema en los horarios críticos recibirán una compensación económica. Quienes se sumen al esquema continuarán recibiendo un cargo fijo, en una mecánica similar a la de un seguro.
El gobierno busca ampliar el universo de participantes, que hasta ahora estaba limitado a los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) del Mercado Eléctrico Mayorista, y sumar a hogares y comercios. Sin embargo, la funcionaria aclaró que, en el corto plazo, el nuevo esquema se aplicará solo en los grandes consumidores, ya que “no tenemos instalados medidores inteligentes a nivel residencial”. La instalación de estos medidores, según Tettamanti, es un proyecto a largo plazo que permitirá “eficientizar la inversión en infraestructura y, por lo tanto, hacer lo más bajas posibles las tarifas”.
La necesidad de un plan de contingencia se explica por la falta de inversión en infraestructura. La Secretaría de Energía ha advertido que la red está al límite, y que la falta de nuevas obras en los últimos 18 meses podría agravar el panorama en el verano. El antecedente inmediato de un récord de demanda de 30.257 megavatios (MW) en febrero de este año, que provocó apagones en el AMBA y el NEA, es una señal de que el sistema no está preparado para los picos de calor.
A pesar de que el gobierno busca soluciones de corto plazo para mitigar los riesgos, la falta de inversión en infraestructura es un problema estructural que lleva años sin resolverse. La resolución de Tettamanti es un intento de cambiar el foco del debate: de una cuestión de desinversión y de tarifas a una de gestión de la demanda y de eficiencia en el consumo. El éxito del plan dependerá de la respuesta de los consumidores, y de si el gobierno logra implementar un esquema de precios que incentive a los usuarios a reducir su consumo en los momentos críticos.
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