Dos gendarmes fueron condenados a prisión efectiva por drogar y abusar sexualmente de una compañera en una reunión institucional en 2019. La Justicia falló tras un proceso que visibilizó la violencia de género en fuerzas de seguridad.
Dos gendarmes fueron condenados a prisión efectiva por drogar y abusar sexualmente de una compañera en una reunión institucional en 2019. La Justicia falló tras un proceso que visibilizó la violencia de género en fuerzas de seguridad.

El 19 de octubre de 2019, una subalférez de la Gendarmería Nacional fue víctima de un abuso sexual en el dique Los Quiroga, Santiago del Estero, durante una reunión entre camaradas. Los acusados, Williams Jovani Romero, oriundo de Misiones, y Rolando Esteban Ríos, de Salta, obligaron a la víctima a consumir cerveza adulterada con pastillas para reducir su capacidad de reacción y cometer el ataque.
Tras años de proceso judicial, el tribunal integrado por las juezas Graciela Viana de Avendaño, Rosa Falco y Julio Carmelo Vidal dictó la condena a ocho años de prisión efectiva para ambos gendarmes. La sentencia destaca que el delito fue agravado por haberse cometido por dos personas y dentro del personal de seguridad, conforme al artículo 119 del Código Penal Argentino.
El juicio, iniciado en septiembre de 2025, contó con testimonios técnicos – psicólogos, forenses y compañeros – y con el relato reiterado de la víctima, que denunció el hecho tras recordar los sucesos mediante “flashbacks”. El examen forense confirmó lesiones compatibles con el abuso y un riesgo psicológico para la denunciada.

La fiscal Jésica Lucas solicitó inicialmente 13 años de cárcel, pero el tribunal resolvió una pena menor. Los acusados, que hasta entonces permanecían en libertad por el vencimiento de la prisión preventiva, fueron detenidos inmediatamente tras la lectura del veredicto y trasladados al Penal de Varones I de Santiago del Estero.
Este fallo representa un antecedente relevante en la lucha contra la violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad argentinas. Para las organizaciones sociales, también es un recordatorio de la necesidad de políticas y protocolos efectivos para prevenir abusos en estas instituciones.
Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres dentro de estructuras donde se ejerce violencia de poder, y plantea preguntas sobre qué mecanismos de control deben implementarse para evitar que se repitan hechos similares. La Justicia funcionó en este episodio, pero la lucha por erradicar la violencia de género en todas las esferas continúa abierta.
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