En una causa que podría convertirse en una de las más sensibles para el gobierno de Javier Milei, la Justicia federal analiza posibles irregularidades en contratos millonarios firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina, propiedad de Eduardo Kovalivker y sus hijos, por un monto que supera los 55.000 millones …
La investigación judicial está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien examina una extensa serie de contratos firmados desde comienzos de 2024 hasta la fecha entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina SA. Esta empresa centenaria, cuyas acciones corresponden a Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, ha concentrado la provisión de medicamentos al organismo estatal mediante mecanismos sospechosos.
Según fuentes judiciales, los contratos suman más de 600 documentos que involucran una cifra superior a los 55.000 millones de pesos, y se investigan posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas que habrían favorecido repetidamente a la empresa Kovalivker. La causa se inició tras la difusión de audios del ex director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se alude a supuestas coimas y acuerdos irregulares.
En los allanamientos realizados en las oficinas de la droguería en Bajo Belgrano y en las sedes de la ANDIS, se secuestró documentación significativa que incluye facturas, correos electrónicos y expedientes licitatorios. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), bajo la conducción de Sergio Rodríguez, trabaja paralelamente en reconstruir la posible ruta de las coimas.
Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en ANDIS, figura también en el centro de sospechas. Se investiga si hubo favorecimientos mediante contrataciones directas, modalidad vigente desde 2017 en la agencia, que habrían facilitado la concentración de compras en la droguería.
El escándalo afecta al núcleo duro del gobierno, con denuncias penales que incluyen a Javier Milei, su hermana Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker. Las acusaciones contemplan delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública, y señalan la existencia de una asociación ilícita para garantizar negocios.
La droguería Suizo Argentina, fundada en 1923, cuenta con varios centros logísticos en el país y manifiesta tener un Código de Ética que asegura el desarrollo íntegro y transparente de sus actividades, lo que será sometido a prueba en el marco judicial.
El levantamiento del secreto de sumario previsto para los próximos días promete dar nuevos avances en el caso, mientras autoridades judiciales realizan pericias técnicas, análisis de comunicaciones y rastreo patrimonial para determinar la extensión y profundidad del entramado.
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