El presidente Daniel Noboa lanzó un decreto para consultar a la ciudadanía sobre la instalación de una Asamblea Constituyente. La consulta, prevista para noviembre, plantea reformar la Constitución sin la validación previa de la Corte Constitucional, lo que genera debate jurídico y político.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 148 convocando a una consulta popular sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente, una iniciativa que busca reformar la Constitución vigente. Esta decisión se produce en un contexto tenso de protestas sociales y conflictos políticos en Ecuador.
La Asamblea estaría compuesta por 80 asambleístas electos por voto popular y tendría un mandato de 180 días, con la posibilidad de una prórroga adicional de 60 días. La consulta popular está programada tentativamente para el 30 de noviembre de 2025, y además del plebiscito incluiría el estatuto que regulará el funcionamiento de esta instancia.
El gobierno de Noboa justifica esta consulta señalando la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. En 2023, Ecuador registró una tasa de homicidios cercana a 47,25 por cada 100.000 habitantes, cifra que lo sitúa entre los países con mayores niveles de violencia en la región, según datos oficiales. La propuesta busca redefinir el pacto social y reestructurar el Estado para afrontar desafíos como la expansión del crimen organizado.
En contraste con otros procesos constitucionales en Ecuador, el decreto fue emitido sin el aval previo de la Corte Constitucional, que habitualmente debe revisar y validar las preguntas de las consultas populares. La Corte se pronunció días antes recordando que una Asamblea Constituyente debe darse siempre respetando la democracia y bajo su supervisión.
Noboa defiende su actuación argumentando que el artículo 444 de la Constitución le permite convocar consultas populares directamente, sin intermediación ni validación previa. Según él, esta prerrogativa devuelve el poder a la ciudadanía y evita el “secuestro institucional” por parte de otros órganos estatales.
El decreto faculta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar la consulta e incorporar la pregunta sobre la Asamblea, junto con su estatuto, en la boleta electoral.
Expertos constitucionalistas están divididos: mientras algunos reconocen al presidente la potestad de convocar consultas sin límites, salvo que contradigan tratados internacionales, otros advierten que no respetar el procedimiento con la Corte Constitucional constituye una ruptura del orden legal vigente.
El precedente más reciente de una Asamblea Constituyente en Ecuador data de 2007, bajo el mandato de Rafael Correa, con una nueva Constitución aprobada en referéndum un año después.
Este llamado a consulta se produce en paralelo a otras iniciativas promovidas por Noboa, como el referido plebiscito sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país, que sí contó con la validación de la Corte Constitucional.
El oficialismo armó las comisiones donde se aseguró la mayoría para avanzar con esta iniciativa clave para el Gobierno.
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