La magistrada presentó una denuncia penal ante la Procuración bonaerense, cuestionando la validez de un video clave y denunciando violaciones procesales en la causa que enfrenta por el caso Maradona.
La magistrada presentó una denuncia penal ante la Procuración bonaerense, cuestionando la validez de un video clave y denunciando violaciones procesales en la causa que enfrenta por el caso Maradona.
La jueza Julieta Makintach presentó una denuncia formal ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, donde acusa al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de San Isidro de haber manipulado pruebas en la causa en la que está imputada. La magistrada, que enfrenta un jury de enjuiciamiento por presunta mala praxis procesal en la investigación sobre la muerte de Diego Armando Maradona, afirmó que uno de los elementos fundamentales en su contra, un video que involucra a su médica esteticista, fue plantado para incriminarla.
El 27 de mayo de 2025, en el expediente en cuestión, se incorporó un video en formato tráiler de un supuesto documental sobre el juicio de Maradona, que fue presentado a través de un enlace externo de Google Drive por Marina Rodríguez, secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales de San Isidro. Este material audiovisual contiene un mensaje atribuido a la jueza Makintach dirigido a su esteticista, en el que supuestamente se envían imágenes del documental.
El acta que respalda la exhibición del video carece, según la denuncia, de información técnica esencial para verificar su autenticidad, como la identificación del dispositivo desde donde se originó el video, el vínculo cronológico o la cadena de custodia, lo que viola los procedimientos legales estipulados en el Código Procesal Penal bonaerense.
La médica esteticista involucrada negó conocer a la funcionaria que aportó el video y aseguró que nunca facilitó dicho material a nadie. Además, la defensa de la jueza sostiene que el video fue incorporado sin la debida notificación ni acceso a la defensa durante tres meses, lo que constituye una violación a los principios constitucionales de defensa, publicidad y contradicción.
La denuncia presentada sostiene que estas irregularidades podrían constituir delitos como falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y ocultamiento o inutilización de pruebas. Por ello, la jueza Makintach solicitó que la investigación sea sorteada en un departamento judicial distinto al de San Isidro para garantizar imparcialidad y transparencia.
La defensa de Makintach también adelantó que presentará una denuncia por espionaje ilegal, argumentando que su celular fue clonado y que el proceso busca armarle una causa basada en pruebas fraudulentas. El abogado Darío Saldaño, representante de la jueza, indicó que el procedimiento pone en riesgo las garantías procesales y atenta contra el debido proceso al incorporar materiales sin las formalidades legales.
Por ahora, la investigación oficial debe determinar con precisión el origen y la legitimidad de las pruebas, así como la conducta de los funcionarios implicados. Este episodio invita a reflexionar sobre los mecanismos de garantía de transparencia en procesos judiciales sensibles y la protección de los derechos de los involucrados.
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