Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, fue procesado y embargado por un billón de pesos. La Justicia lo investiga por ordenar destruir pruebas del lote contaminado de fentanilo que causó al menos 100 muertes en hospitales de Argentina, poniendo en riesgo la salud pública.
Las investigaciones judiciales revelaron videos grabados durante allanamientos que muestran a García Furfaro y su círculo íntimo coordinando la destrucción de pruebas y la falsificación de documentos vinculados a la producción del lote 31202 de fentanilo contaminado con bacterias como Ralstonia y Klebsiella.
En esos videos, el empresario instruye completar de forma irregular la documentación, conocida como batch record, y coordina eliminar físicamente las muestras bajo métodos de esterilización con autoclave para borrar rastros del lote mortal.
El caso reflejó la gravedad del control sanitario deficiente en la fabricación y fiscalización de medicamentos. El Instituto Malbrán confirmó la contaminación bacteriana y la muerte de al menos 100 personas. El juez federal Ernesto Kreplak señaló el incumplimiento sistemático de las Buenas Prácticas de Fabricación y la responsabilidad del laboratorio y su cúpula directiva en un entramado de codicia y negligencia que costó vidas.
García Furfaro enfrenta cargos por adulteración de sustancias medicinales y encubrimiento con una pena de hasta 25 años, además del embargo sobre sus bienes por 1 billón de pesos, la cifra más alta en una causa sanitaria argentina.
Junto a él fueron procesados familiares y directivos, algunos con prisión preventiva, quienes participaron en estas maniobras criminales para evitar sanciones y proteger sus intereses económicos.
El drama del fentanilo contaminado pone sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los controles estatales, garantizar transparencia y regular con más severidad la industria farmacéutica para evitar tragedias futuras. La sociedad exige justicia para las víctimas y medidas concretas que aseguren la calidad y seguridad de los medicamentos.
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